Una semana después de la media sanción en la Cámara de Diputados y tras intensas reuniones en comisión en las que se emitieron los dictámenes necesarios, Cristina Kirchner convocó a una nueva sesión en el Senado para este jueves a las 14.
Si todo avanza en el marco del consenso alcanzado, este 21 de mayo quedará fijado en el calendario parlamentario como el día en que se sancionó por primera vez una ley en forma remota o telemática.
Dos serán los temas del día. Uno es el proyecto de ley que establece beneficios especiales para el personal considerado esencial que cumple funciones en el área de salud, Fuerzas Armadas y seguridad, entre otros en el marco de la pandemia de Covid-19 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
El otro es el proyecto conocido como “Ley Silvio”, como la llamó en Diputados su autor, Eduardo ‘Bali’ Bucca, y que apunta a protocolizar medidas de seguridad para prevenir contagios en el personal médico, enfermeros, camilleros, etc. Silvio Cufré fue un enfermero que vivía en San Vicente y murió por coronavirus. Fue la primera víctima fatal que se contagió en el cumplimiento de su trabajo en el sector sanitario.
Dos comisiones dictaminaron en forma conjunta para que el “Programa de Protección al Personal de la Salud” llegue al recinto. En una reunión de plenario remota, los integrantes de las comisiones de Salud y Presupuesto y Hacienda votaron en forma nominal, uno por uno, a favor y luego completaron el trámite en forma digital lo que es posible a partir de la aprobación en el recinto del reglamento de funcionamiento tanto de las sesiones como de las comisiones.
El presidente de la comisión de Presupuesto, el cordobés Carlos Caserio, resaltó que la “Ley Silvio” es “fundamental para proteger a los trabajadores de salud” y en la reunión de comisión les pidió a los legisladores de la oposición que no introdujeran cambios para que la norma entre en vigencia rápidamente. A cambio ofreció proponer al Ejecutivo algún ajuste en la reglamentación. Desde el radicalismo propusieron por ejemplo que se preserve la identidad del personal de salud que se haya contagiado para evitar su estigmatización.
La “Ley Silvio” busca proteger al personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza y de otras áreas que presten servicios en establecimientos de salud donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de Covid-19.
Exige además que hospitales y clínicas garanticen medidas de bioseguridad en las áreas de los establecimientos dedicadas específicamente a la atención y toma de muestras de casos sospechosos o confirmados de Covid-19. También en las áreas donde haya mayor riesgo de contagio. El proyecto además establece que la autoridad de aplicación, sindicatos, empresas, universidades y organizaciones sociales deberán determinar protocolos de protección y capacitaciones.
Uno de los temas que seguramente generará debate en el recinto, como ya pasó en comisión, es el artículo que hace referencia al financiamiento. Los gastos generados por esta ley “serán atendidos con los recursos del presupuesto nacional, a cuyos fines el señor jefe de Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias”, indica.
El otro proyecto a debatir son los beneficios impositivos para el personal esencial de salud y seguridad y las pensiones para las familias de las víctimas de esos sectores. Este martes hubo dictamen a favor en la comisión de Presupuesto que preside Caserio. También hubo intenso debate. Una vez más se desmarcaron del resto del interbloque de Juntos por el Cambio Martín Lousteau y Esteban Bullrich. Ambos expresaron cuestionamientos y pidieron que el Senado, a través de la Oficina de Presupuesto, haga cálculos sobre el alcance de la ley.
El radical Martín Lousteau y Caserio protagonizaron un fuerte cruce. “Los trabajadores de la salud que tengan ingresos por debajo del mínimo no imponible no tienen beneficios”, reclamó el senador por Evolución y se preguntó si “¿ponerle el cuerpo a la pandemia, vale lo mismo según lo que ganan?”. “Estamos excluyendo a los que menos ganan”, advirtió con el argumento de que un gran número de trabajadores de la salud ganan menos que el mínimo no imponible e, incluso, que «hay más mujeres que ganan menos del mínimo que hombres”. Y propuso “hacer mejor los cálculos”.
En tanto, el senador del PRO consideró la pensión graciable es “un parche” y pidió “responsabilidad” y una discusión de fondo para evitar en un futuro tener que «hacer leyes para eliminar beneficios que pusimos en el pasado”.
Caserio se sintió aludido por los planteos de Bullrich y Lousteau y respondió. “No es serio el planteo de que esta comisión no esté trabajando con seriedad. Una cosa es que uno se equivoque y otra que no sea serio, que no esté preparado para presidir una comisión.
Lousteau me tiene acostumbrado, porque de uno u otro modo él tiene siempre criterios variables, de acuerdo a las situaciones, que muchas veces no coinciden ni siquiera con su marco ideológico o su pensamiento político… Pero no es una crítica, cada uno es como es. Pero Bullrich es vicepresidente (de la comisión). Si no estaba de acuerdo me hubiera hecho un llamado telefónico para hacerme críticas directas, o proponerme cosas. El planteo de la Oficina de Presupuesto es ridículo”.
Finalmente y a pesar de los entredichos el dictamen tuvo aprobación unánime pero hubo “disidencia parcial” de siete senadores de Juntos por el Cambio. Además de Bullrich y Lousteau, marcaron diferencias Silvia Elías de Pérez, Julio Martínez, Víctor Zimmerman, Gladys González y Guadalupe Tagliaferro. El resto, en cambio, votó a favor sin ninguna objeción.
La ley que fue aprobada una semana atrás en Diputados, por unanimidad, exime en forma transitoria del pago del impuesto a las Ganancias al personal que trabaje en la emergencia desde profesionales, técnicos, auxiliares de gastronomía, limpieza y maestranza al personal operativo de salud, Fuerzas Armadas, seguridad, Migraciones, Aduana, bomberos y trabajadores de recolección de residuos domiciliarios o patogénicos. La excepción será para las liquidaciones en sus haberes en concepto de guardias obligatorias, horas extra y todo concepto que exceda el trabajo habitual (el período exceptuado es del 1 de marzo al 30 de septiembre).
Además, la norma establece pensiones graciables y vitalicias a familiares de víctimas fatales por COVID-19. Los beneficiarios serán cónyuges, hijos hasta la mayoría de edad o convivientes de las personas fallecidas. La pensión será una suma mensual igual al doble del haber mínimo jubilatorio y se le aplicarán los aumentos correspondientes a las jubilaciones ordinarias.
