Las posibilidades de establecer algún tipo de acuerdo con los funcionarios responsables del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que permita a las instituciones, a los transportistas y a los profesionales seguir prestando servicio, son cada vez más lejanas.
En relación al atraso en los pagos por la atención brindada, principalmente de Incluir Salud (ex PROFE dependiente del Gobierno Nacional); cada promesa ha sido incumplida, incluso las asumidas públicamente por la vicepresidenta de la Nación. La situación de los pagos es irregular: a algunos se les deben 6 meses, a un número muy grande se les debe el mes de abril cuando ya debería estar pago el mes de mayo, a todos se les debe el 20% de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2017, además de otras deudas.
Las deudas de los diversos organismos que deben pagar por la atención brindada han llevado a que algunos estén atrasados en los pagos de sueldos, aportes a la AFIP de los trabajadores, pagos a proveedores de alimentos, imposibilidad de comprar insumos que les permitan funcionar (combustible por ej. en el transporte), etc.
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo responsable de administrar el fondo solidario de las Obras Sociales Sindicales que se conforma con un porcentaje de los aportes de los trabajadores en blanco y con el cual se cubren diversas prestaciones que las Obras Sociales brindan, llegan comentarios preocupantes sobre la cobertura de las prestaciones en discapacidad. Entonces nos preguntamos legítimamente ¿Dónde va a parar el aporte de los trabajadores?
Cuando plantearon la necesidad de contar con pagos a tiempo y con regularidad, nos responden con una maraña de cuestiones técnicas administrativas que siempre están a punto de resolverse y nunca lo hacen.
Cuando expresaron la necesidad de un aumento de aranceles que, al menos, compense lo que subieron los costos (inflación y aumento de salarios), «nos hablan de falta de presupuesto. Esto después de prometer todo el año que con el estudio de costos se iban a normalizar los aumentos. El trabajo sobre este tema debe considerarse abandonado por parte de los organismos del Estado», indicaron los profesionales.
«Con un aumento del costo de vida interanual del 29.3 % y un aumento salarial del 27.5 %, más la diferencia del año pasado (entre el porcentaje que dieron a cada modalidad y el aumento real de 24% que debimos afrontar, nos encontramos en peor situación económica que a finales de 2015 y con mayor atraso en los pagos de Incluir Salud, del cual dependen la mayoría de las instituciones del país», agregaron.
«En lo que va del año sólo hubo tres reuniones del Directorio del Sistema Único y la última fue en el mes de abril. Anularon así el espacio formal donde nuestros representantes pueden dejar documentado lo que está ocurriendo, y haya un espacio de dialogo para la búsqueda de soluciones», ampliaron.
Por todo lo expuesto, «el próximo 30 de agosto, haremos una jornada de paralización de los servicios y movilización frente al Congreso Nacional. El objetivo es hacerle llegar una vez más nuestros reclamos a la máxima referente en discapacidad, Gabriela Michetti, vice presidente de la Nación».
