En un principio, se trató de 170 domicilios denunciados como talleres de trabajo esclavo, una presentación hecha el 10 de noviembre pasado por el legislador Gustavo Vera, cabeza de La Alameda, y remitida por la PROTEX, el ala del Ministerio Público que investiga la trata tanto laboral como sexual a cargo del fiscal Marcelo Colombo. La sospecha se volvió obvia: el conjunto de estos domicilios sería el cuadro definitivo de la trata laboral de personas en suelo porteño, con zonas como Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda.
La cuestión recayó en el fiscal Federico Delgado y su equipo en los tribunales de Comodoro Py, que requirieron informes y allanamientos a gran escala. Con los datos finales sobre sus escritorios, comenzaron a hacer cuentas a comienzos de este mes. Y la matemática final es deprimente. Los 175 trabajadores consultados que pasaban sus días ante máquinas de coser en talleres clandestinos –148 de ellos extranjeros, un 97% de ellos ciudadanos bolivianos– reconocieron cumplir un promedio de algo más de nueve horas diarias; poco más de cinco los sábados, para promedios de 52 horas semanales y 184 horas mensuales. Un promedio, por otra parte, es meramente eso: un promedio. Hubo casos que admitieron trabajar turnos de hasta doce y trece horas diarias. Otros diez trabajadores incluso aseguraron estar «a prueba» sin ver un solo peso en su bolsillo al momento de ser entrevistados por la Justicia.
Delgado también pudo establecer cuánto cobraban, al menos en la mitad de los obreros consultados: 31 pesos por hora fue el valor promedio. También, su sueldo básico. Por trabajar sin vacaciones ni aguinaldo, sin ningún tipo de seguridad, con su libertad controlada, en un ambiente de alto riesgo de enfermedad o incendio, y de cara a jeans de dos mil pesos en locales de moda, tan solo $5.766 por mes, menos que el salario mínimo en bruto que asciende a $6.060. La conclusión de Delgado al respecto es deprimente también: «Aquí se nota la funcionalidad de la ineficacia administrativa de las autoridades comunales que carecen de una planificación expresa para hacer un control que exceda el plano formal».
Esta información forma parte de una larga investigación preliminar que Delgado elevó el día 11 de este mes al Juzgado Nº 8 en Comodoro Py a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, el juez original de la causa de los 170 domicilios. Actualmente, el expediente se encuentra bajo un recurso de queja presentado por Delgado ante la Cámara de Apelaciones, de la que todavía se espera una respuesta: Martínez de Giorgi decidió fragmentar el expediente, algo a lo que Delgado se opuso. El fiscal plantea la investigación como un hecho colectivo, tomar a los domicilios como un todo.
La información que nutre la preliminar –citada por la periodista Catalina de Elía en su blog y a la cual Infobaeaccedió en forma completa– incluyó actas de inspección de la Dirección General de Protección del Trabajo porteñas sobre los domicilios denunciados remitidos a la PROTEX así como protocolos requeridos a la Agencia Gubernamental de Control y el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA, más una profunda búsqueda en el Registro de la Propiedad Inmueble. Del relevamiento de las actas surgió otro punto enervante: la esquina de Cobo y Curapaligüe en Flores, donde trabajadores eran levantados en vehículos para ser llevados a talleres. Así, se llegó a más de diez domicilios en calles como Puán, Miró y Emilio Mitre que no formaban parte de la lista original.
La lista se redujo: de 170 domicilios, la AGC envió actas sobre 161. De esos 161, a 29 no se pudo ingresar; aunque en muchos casos hubo sospechas de existencia de actividad textil, como ruidos de máquinas o medidores de energía con alto consumo. De los restantes, 72 resultaron ser talleres textiles. Solo tres tenían habilitación para hacerlo. Sesenta y nueve de ellos eran clandestinos.
También, hubo un análisis casi total de la titularidad de los 170 inmuebles. Los nombres, asegura una voz cercana a la fiscalía de Delgado, no se repiten. Sin embargo, hubo algo llamativo: el 30% de los dueños son de los talleres extranjeros, principalmente coreanos y bolivianos; en la mitad de estos domicilios se encontraron talleres clandestinos. La pregunta de Delgado, entonces, se vuelve evidente: el fiscal indagará aún más en estos nombres, en busca de posibles testaferros. Para Delgado, muchos de estos bolivianos simplemente no pueden ser los dueños de estos talleres.
Luego de todo su análisis, el fiscal consideró lo siguiente: que hay un sistema de fragmentación y controles laxos que beneficia al sistema de trata laboral. Delgado concluyó: «En efecto, del análisis de las actas remitidas se observa que existe en los barrios de Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda una zona administrativamente liberada, donde los explotadores de talleres clandestinos saben que pueden instalarse abiertamente, ya sea que se trate de edificios tomados o no, y donde no serán molestados en el ejercicio de su actividad. O, lo que es peor, saben que en caso de ser molestados a lo sumo les será clausurado el lugar –sólo en caso de faltas graves y sin perjuicio de lo cual igualmente que podrán acceder sin inconvenientes horas después–, y podrán solucionar sus irregularidades presentando en sede administrativa los papeles para funcionar conforme a la ley, luego de pagar una multa que determinará un controlador».
Así, el fiscal no solo eleva sus planteos hasta el juez. Piensa hacerlo incluso a la jefa de los fiscales misma, la procuradora Alejandra Gils Carbó, «para que pondere la posibilidad de sugerir a las fiscalías de primera instancia un criterio común a la hora de ejercer la acción penal pública, dado que la fragmentación de las investigaciones actúa en su desmedro».
