La noticia estalló la mañana del lunes 6 de abril y le generó un gran dolor de cabeza al gobierno nacional, en medio de la emergencia sanitaria y la cuarentena obligatoria para frenar la propagación del coronavirus: el Ministerio de Desarrollo Social quedó en el centro de la escena por una polémica compra de alimentos para asistir a los sectores más necesitados, que incluyó el pago de sobreprecios en productos de primera necesidad.
En ese contexto, la mirada se posó en la figura de Daniel Arroyo, titular de Desarrollo Social y, por ende, responsable de la operación que provocó que fueran desplazados 16 funcionarios. A 15 días de que el hecho tomara esta público, la investigación sigue su curso y el funcionario espera que concluya para definir quiénes fueron los responsables y avanzar -asegura- con una transformación de raíz del sistema.
“No pensé en renunciar, tengo una misión que es mejorar la situación social. Convivo con el dolor, recorro los barrios hace mucho tiempo y siento que tengo una tarea, una misión y quiero hacerla de la mejor manera posible. Tengo una historia de trabajo en lo social, de transparencia, por eso quiero que la investigación sea rápida y que todo quede claro”, aseguró esta mañana en diálogo con Fabián Doman, por radio La Red.
“Yo estoy bien… Acá iniciamos una investigación interna, se suspendieron todas las operaciones, nunca se pagó nada y se desplazó a funcionarios. Yo estoy bien, muy convencido de que hay que cambiar un sistema de proveedores que le venden al Estado hace muchísimos años”, manifestó a dos semanas de la crisis interna que sacudió al Gobierno y por un momento puso en duda su continuidad en el gabinete nacional.
La transformación de la que habla Arroyo apunta al sistema de compras de alimentos que realiza el Estado y en la misma entrevista aseguró que ese proceso ya se inició: “Hay un cambio fundamental, que es que el Estado ha fijado precios máximos mayoristas. Es clave porque ahora vamos a iniciar una nueva compra que parte de esa base, cualquier operación que hagamos será de ese valor máximo para abajo”.
En ese sentido, el ministro de Desarrollo instó a los productores de alimentos a ofrecer sus productos: “Hay una plataforma que se llama ‘COMPR.AR’ y queremos que participen para venderle al Estado. Se pueden anotar todos. Es importante que se presenten todos, productores grandes, chicos, la economía popular…».
La pata judicial
La investigación por los sobreprecios continúa: 16 funcionarios ya fueron desplazados, entre ellos Gonzalo Calvo, encargado de la Secretaría de Asistencia Crítica y uno de los responsables de las compras que hacía el ministerio; en su lugar quedará Erika Roffler, quien estaba a cargo de la Unidad de Gabinete de Asesores.
El fiscal Sergio Rodríguez les tomó declaración a tres productores de marcas involucradas en la polémica compra. Aunque no trascendieron detalles, los tres confirmaron diferencias de “al menos 60%” entre los valores de sus productos y los precios ofrecidos por los proveedores del Estado.
La investigación podría terminar en una denuncia penal ante el fuero federal o quedar en el archivo. Si hace la denuncia, el fiscal deberá definir si se concentra en los funcionarios de Desarrollo Social o si alcanza a los proveedores del Estado.
