Desde hace una semana, el juez Sebastián Casanello tiene en su juzgado una denuncia en la que se detectó que una farmacia le cobró al PAMI más de 2700 recetas de tiras reactivas para quienes padecen diabetes. Se trata de un ilícito que ocasionó un perjuicio cercano a los $3.500.000 para la obra social de los jubilados.
La denuncia la realizó la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), que está a cargo de Javier Arzubi Calvo, ya que se determinó que la farmacia «Añon», de San Isidro, facturó de manera irregular, tan solo en 22 días, entre el 6 y el 28 de enero de 2016, más de 2700 recetas. La denuncia se sumó a un expediente a cargo de Casanello-en el que interviene el fiscal Federico Delgado- en el que se investiga una estafa al PAMI realizada por varias farmacias de Capital y provincia de Buenos Aires.
Según la denuncia, a la que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, las recetas de las tiras reactivas se hacían con sellos falsos de médicos del PAMI y las retiraban «terceros autorizados», cuyas identidades no existen. Los remedios de PAMI pueden ser retirados de las farmacias por familiares o allegados del jubilado que aparecen como autorizados.
Decenas de las recetas se hicieron a nombre de afiliados al PAMI que habían fallecido al momento del retiro de los productos de la farmacia. Y otras tantas se confeccionaron a nombre de afiliados del PAMI que no padecían diabetes».
Al momento de la maniobra, cada caja de tiras reactivas costaba $600 y en cada receta se entregaban dos, por lo que por cada «jubilado que supuestamente atendía recibía 1200 pesos. El PAMI paga el 100% de esos insumos por lo tanto la ganancia para la farmacia era completa».
El equipo de la UFI-PAMI detectó que la farmacia realizaba facturación consecutiva, minuto a minuto, de los insumos para diabéticos. Fue así que se estableció un patrón que vinculaba a los terceros intervinientes, médicos, fechas y horarios. Inclusive, para evitar llenar a mano las recetas con los nombres de los que retiraban los insumos, habían confeccionado sellos de goma. Fueron solo cuatro «terceros autorizados» los que retiraron las más de 2700 recetas. Un hecho más que, para los investigadores, demuestra lo burda que era la maniobra.
El fiscal Arzubi Calvo le pidió a Casanello que cite a declarar a indagatoria al dueño de la farmacia porque lo considera autor de una maniobra de defraudación contra la administración pública.
