Días pasados, Sergio Gustavo Coronel, padre de Nicolás, denunció penalmente al interventor del Instituto de Obra Social del Empleado Público (IOSEP), Raúl Ayuch, por desobediencia judicial y abandono de persona, por desoir una sentencia que obligaba a proveer de un medicamento del que depende la vida de su hijo.
Según relató, el 10 de enero de 2024 inició, junto a su esposa Silvina Najarro, una acción de amparo, “para que la institución cumpla con su obligación legal de cobertura de medicación Ridisplam Evrisdy para nuestro hijo, Gustavo Nicolás Coronel, siendo que la misma es esencial para su vida”.
Cabe mencionar que el joven padece de Atrofia Muscular Espinal Tipo II, una enfermedad genética que afecta a las neuronas motoras de la médula espinal, provocando atrofia y debilidad, con severa divulgadas respiratorias y de deglución”.
Actualmente está inmovilizado, porque le resulta imposible realizar cualquier actividad cotidiana y padece fuertes dolores por la deformación de su columna vertebral.
La obra social, a cargo del contador Raúl Ayuch, rechazó el pedido de cobertura. Oportunamente adujo que el medicamento “se encuentra en fase experimental” y fundamentalmente que “la cobertura solicitada comprometería todo el sistema financiero” del instituto, lo que evidencia un criterio economicista, que no se compadece con las contrataciones escandalosas de ese organismo.
La fiscal María Ramos dictaminó a favor del paciente al sostener que “los argumentos esgrimidos por la demandada devienen en una manifiesta arbitraria en oposición a toda normativa vinculada al derecho a la salud antes señalada, con criterios mercantilistas que nada tienen que ver con la protección de Gustavo Nicolás Coronel”.
Nicolás advirtió que en el país, «hay 25 pacientes tomando el medicamento»; y sus respectivas obras sociales le brindan la cobertura correspondiente, algo que el IOSEP se lo está negando.
El juez civil Alejandro Scarano falló a favor de Nicolás en diciembre del año pasado, por lo que ordenó al IOSEP que le proveyera el medicamento del que depende su vida. Sin embargo, la obra social desoyó la sentencia.
“A pesar de haber salido una sentencia a favor de mi hijo, hace 4 meses que hace caso omiso, no quieren entregarle el medicamento que le corresponde. Yo personalmente hago responsable de la vida de mi hijo a Raúl Ayuch, interventor del IOSEP”, denunció Sergio Coronel esta semana, en las puertas del Ministerio Público Fiscal.
El diputado provincial Alejandro Parnás explicó, “en diciembre consiguieron que un juez dictara una sentencia que obliga al IOSEP a cubrir el tratamiento, pero quien usurpa la función hace casi 20 años se niega a cumplir este fallo”.
Al ser consultado por esta insólita medida, el propio Nicolás expresó: “La verdad que no entiendo por qué no me dan el medicamento. Me siento ignorado, abandonado”.
También indicó que hace dos años, antes de comenzar con esta tortuosa peregrinación para rogar por este medicamento, tenía “probablemente más fuerza, más capacidad pulmonar”, y recordó que entonces “competía en la computadora, pero ahora no juego más”. Pero esta negativa burocrática le causa que esté “por momentos mal, digamos”.
También agradeció a todos los que lo quisieron ayudar económicamente, pero aclaró que “es un tratamiento que debo hacerme de por vida. No me sirve de nada tomar uno o dos meses. Es obligación de la obra social que me banquen el tratamiento”. Y al interventor del IOSEP le dijo que “se ponga dos minutos en mi lugar y también desearle que nunca le pase lo que me está pasando a mí, de que te ignoren tanto. Hay gente de mucho poder que tiene la oportunidad de ayudarme en un segundo y, bueno, ver que te ignoren así la verdad duele mucho”, se lamentó.
En el colmo de la hipocresía, Ayuch mandó a publicar un comunicado en la página oficial del IOSEP donde señala que “dichas afirmaciones no se ajustan a la realidad y rechazamos las manifestaciones que han circulado públicamente, ya que resultan inexactas y confusas”.
“En ningún momento esta obra social ha negado cobertura al afiliado mencionado, quien desde hace más de 25 años cuenta con el 100% de cobertura en sus tratamientos”, sostuvo, sin avergonzarse. O sea, por puro gusto iniciaron un amparo judicial que demoró un año en resolverse y a eso se suman 4 meses sin que cumplan la sentencia. ¿Acaso eso no es negarse a asistir a un afiliado, cuya vida se deteriora a diario por el medicamento que no puede pagar y que la obra social no le provee?
“No ha existido ningún acto de apercibimiento por desobediencia judicial para su correspondiente revisión”, alegó.
Si bien reconoce que la medicación no significa un riesgo para su vida, vuelve a insistir en que se encuentra en fase “experimental”, pese a que casi tres decenas de casos rebaten ese argumento. Y con la testarudez que ya fue demolida por la fiscal Ramos vuelven a insistir con los criterios “mercantilistas” al sostener que “el costo anual que implicaría su provisión asciende a U$S 540.000 o $604.800.000, monto que equivale al tratamiento integral de más de 250 afiliados en proceso de diálisis anualmente, entre otros servicios que se podrían ver afectados”. Todos esos argumentos fueron rebatidos en el amparo.
Pero en el comunicado dejan traslucir la verdadera razón economicista para negar la provisión de ese medicamento, cuyo costo es ínfimo en comparación a los miles de millones que el gobierno dilapida en espectáculos deportivos y contratos publicitarios, sin el mismo pudor. El caso de Nicolás es quizás el más brutal, pero hay muchos otros pacientes que enfrentan las mismas trabas burocráticas, pese a que están en juego vidas humanas.
