Texto elaborado por el doctor Diego Jiménez (Defensor del Pueblo), con la colaboración del abogado Esteban Herrera (Secretario legal y técnico de la Defensoría del Pueblo).
Desde diciembre de 2019, los estados nacionales de los diversos países a lo largo y ancho del planeta se han visto golpeados, en diverso tiempo y medida, por la aparición en escena de una nueva pandemia provocada por la propagación de un nuevo virus denominado COVID-19. Para combatirla, los gobiernos del mundo han tomado y continúan tomando decisiones trascendentales, que ─a su vez─ ponen en crisis ciertos aspectos de la cotidianeidad que se encontraban arraigados y que inciden en todos los ámbitos de la vida, tanto sociales, culturales, jurídico-judiciales, políticos, religiosos y, fundamentalmente, económicos.
La serie de medidas dispuestas por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, afectan de manera directa o indirecta los derechos humanos esenciales de los ciudadanos y restringen cada uno de ellos en diferente medida, siempre con la idea maquiavélica de justificación por un bien mayor y común, es decir, en pos de proteger la salud pública y, en definitiva, la vida de la comunidad toda. Esto conlleva el grave peligro de limitación y eliminación de derechos. Tanto las Defensorías del Pueblo como demás instituciones ─ya sea gubernamentales o no─ con causas afines debemos tratar de evitar ese avance sobre los derechos en la mayor medida posible.-
En un análisis pormenorizado del plexo de los derechos humanos actualmente amenazados o restringidos podemos percibir prima facie el cercenamiento quirúrgico de muchos de ellos, entre ellos hay que prestar especial atención a la limitación del derecho humano a la Libertad puesto que la primera medida tomada por los gobiernos del mundo fue la supresión temporal de la misma; en nuestro país, dada la naturaleza federal que reviste la nación, se han llevado a cabo de manera paulatina, diferentes niveles y gradaciones de cercenamiento de las libertades tanto individuales como colectivas en pos de atender al bien más elevado, que es la vida humana.
A pesar de contar con un fin último de bien común, la citada limitación indefectiblemente produce una colisión con el pleno ejercicio de otros derechos humanos fundamentales y esenciales. Se produce entonces una especie de cascada o efecto domino por el cual uno golpea e inevitablemente destruye al otro, ya que, al afectarse y restringirse la libertad de circulación, se ven indudablemente limitados ─con el riesgo y el daño que ello conlleva─ la libertad de trabajo, el acceso y funcionamiento de la justicia, el goce pleno e integral a la educación, el acceso eficiente a la información, el derecho efectivo a la salud, entre otros. En consecuencia, el Estado inmediatamente debe recurrir y actuar para evitar que esa limitación sobre todo en los derechos de primera y segunda generación ocurra, o que se prolongue en el tiempo, o para lograr que la afectación sea mínima y, por lo tanto, reparable sin dilación de tiempo.
Dentro de los derechos violentados debemos resaltar la importancia del derecho al acceso a la justicia, que constituye para toda república una de sus cartas más preciadas, su piedra basal. En tiempos de pandemia, la administración de justicia, que debía correr de inmediato para evitar la violación y devolver el equilibrio social ante un conflicto, se encontró seriamente afectada llegando incluso a quedar diezmada en alguna facetas, pues al estar todo el sistema social tratando de adecuarse al nuevo esquema mundial en construcción, se produce un tiempo de absoluto desamparo y abandono del valor de la justicia, que altera significativamente el contrato social primigenio que da orden y armonía a toda comunidad.
Desde nuestra órbita de actuación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de La Banda, hemos colaborado activamente con el Poder Judicial buscando de evitar que se produzca o que no se prolongue en el tiempo de manera significativa esa vulneración al derecho lesionado, construyendo puentes y redes que terminen acercando a las partes en función mediadora, colaborando con propuestas en tarea conciliatoria.
Adentrándonos en el tema referido a la vigilancia activa de los ciudadanos, mediante el control estricto de la circulación, entre otras medidas, hay que afirmar que, si bien se lleva a cabo atendiendo principalmente cuestiones de salubridad y utilidad pública, las diversas instituciones republicanas deben tomar posiciones y conductas positivas y contundentes para evitar que estas acciones se transformen en una invasión constante a la vida privada o en un medio de opresión o sometimiento por el cual se persiga hostilmente al ciudadano en su vida cotidiana, con especial énfasis en el día después de la pandemia.
Creemos que esta es la tarea fundamental que deben garantizar los Estados sobre todo en nuestro país que reviste un alto contenido republicano, y es el espacio donde se desenvuelven sus funciones las diversas Defensorías del Pueblo a lo largo y ancho del país, las cuales funcionan como un mecanismo de equilibrio y contrapeso para lograr que las actuaciones de los diversos estamentos, que tienen la lamentable función de limitar derechos en pos de la vida humana, no se tergiversen y se desenfoquen del bien primordial que quieren proteger.
En este marco y teniendo en cuenta primordialmente el trabajo social que viene desarrollando nuestra Defensoría del Pueblo de la Ciudad de La Banda, nos hemos enfocado principalmente en los barrios más alejados de los cascos céntricos, en los cuales la realidad es el elevado número de vecinos confinados por vivienda, situaciones económicas drásticas debido a la falta de empleo, además de las tristes condiciones en que viven los denominados “grupos vulnerables” cada vez mas afectados. A todo esto la dimensión económica que se entrelaza y cobra día tras día mayor relevancia y se erige en una de los puntos álgidos y superlativos a tener presentes puesto que inexorablemente se transformará en la nueva pandemia acabada la batalla contra el covid.
A modo de conclusión podemos decir que se debe imponer la “Solidaridad” como conducta rectora en los diferentes ámbitos. La economía, con sus diversos matices, no puede estar sectorizada o aislada de la pandemia. Por el contrario, debe considerarse con criterio de armonía y permitírsele mostrar su mejor cara en pos de conseguir un alivio sustentable para la población, objetivo en el cual el Estado, sin entrometerse más de lo estrictamente necesario en el ámbito privado y brindando siempre seguridad jurídica, debe colaborar activamente en ofrecer las condiciones necesarias.
Para ello, es menester que se considere a la ciudadanía general como así también a las empresas familiares, pequeños negocios locales, MicroPymes, Pymes e Industrias que, sin lugar a dudas, son el motor primordial para la generación de empleo sostenible, motor indiscutible de crecimiento del estado y, con ello, alcanzar la sustentabilidad del equilibrio del resto de derechos humanos que están en crisis en tiempos de pandemia.
Pele por los derechos de sus empleados y deje de pagar sueldos a personas que no trabajan en la defensoria como hace. Como todos los politicos es miete y dice que hace pero no hace nada y ojala le conozcan su verdadera cara