Las personas con discapacidad tendrán más facilidades para acceder a las pensiones no contributivas por invalidez. A través de una resolución, el Gobierno eliminó la obtención del Certificado Médico Oficial Digital (CMO) como requisito para realizar el trámite y dispuso de nuevos criterios para que los beneficiarios o peticionantes puedan gozar de este tipo de ingresos monetarios.
La medida alcanza a las personas que cuenten con una disminución del 76% o más de la capacidad laboral y se encuentren en situación de vulnerabilidad social, y apunta a rehabilitar a parte del universo de beneficiarios que fue dado de baja en la gestión anterior.
De acuerdo a la decisión oficial, la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) dejó sin efecto la resolución 44/2019 del gobierno de Mauricio Macri que había creado el CMO Digital y lo fijaba como un criterio obligatorio. Este requisito había sido considerado como una traba a raíz del “déficit en el sistema sanitario, la diversidad geográfica y los problemas en la conexión a internet”, que en ocasiones se constituían como «obstáculos” para los peticionantes.
“El sistema informático no es apto para la totalidad de las personas beneficiarias, ya sea porque no cuentan con recursos, conexión a internet, traslado para poder llegar a cumplir con este requisito”, subraya la resolución 8/2020, publicada en el Boletín Oficial. Y enumera como problemas el “desborde” de los establecimientos sanitarios, “ya sea por la carencia de médicos en general, falta de conectividad o la ausencia de turnos, entre otros inconvenientes, que impiden avanzan con el trámite del CMO.
“Se había transformado en un impedimento para que las personas más vulnerables obtuvieran el beneficio», señalaron fuentes de la Agencia de Discapacidad a la agencia Télam. Y si bien la consideraron como “una herramienta útil en la gestión”, este certificado digital “no puede ser utilizado como una traba formal en aquellos casos en donde se torna de difícil obtención por circunstancias coyunturales».
De esta manera, el Gobierno habilitó la obtención del Certificado Médico Oficial (CMO) por otras vías que no sean exclusivamente las digitales, y puso en suspenso la obligatoriedad del procedimiento informático, hasta tanto se modifique el circuito para obtener el trámite exigido.
Nuevos criterios de “vulnerabilidad”
Además, la Agencia Nacional de Discapacidad modificó los criterios para determinar el estado socio-económico y la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios y peticionantes de pensiones no contributivas. Según la resolución gubernamental, los anteriores parámetros fijados por el gobierno de Mauricio Macri “resultan de carácter muy restrictivo”.
Según se desprende del anexo de la resolución, una persona puede seguir siendo considerada como “vulnerable” cuando tenga un automotor con una “antigüedad mayor a los 10 años” -en caso contrario de tener un coche más nuevo, deberá justificarlo-; o bien posea varios inmuebles de su propiedad, aunque también se le exigirá un descargo. Además, las personas que convivan con el beneficiario también tendrán que justificar sus automóviles, inmuebles y nivel de ingresos que acrediten la situación excepcional; o cuando los padres de los solicitantes no superen el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas, entre otros requisitos.
La resolución apunta a generar “reglas claras” para la obtención de las pensiones no contributivas y un proceso de rehabilitación de las que fueron dadas de baja de forma “injusta”, según plantean desde la Casa Rosada.
La Agencia Nacional de Discapacidad depende de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Julio Vitobello.
Discapacidad, un eje del Gobierno
La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, indicó que la medida se enmarca en un nuevo impulso a la política oficial sobre discapacidad, porque la “vocación es instalarla” como un «tema central” en la Argentina.
Entre las decisiones en evaluación, desde la oficina de Vitobello deslizaron a la agencia Télam que se están contemplando nuevas reformas tanto en la Casa Rosada como en otros edificios públicos para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Además, se jerarquizarán el trabajo de los denominados talleres protegidos, que tienen como finalidad la producción de bienes y servicios a cargo de personas con discapacidad.
Un ejemplo es el regalo que el presidente Alberto Fernández le llevó al papa Francisco al Vaticano: un telar elaborado elaborado en un taller protegido del municipio bonaerense de Moreno que le fue entregado ayer por integrantes de la organización Asociación Civil Granja Andar.
A principios de este mes, el Gobierno designó a las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde fue nombrado director el abogado Claudio Espósito, especialista en la materia que trabaja con distintas organizaciones vinculadas al tema.
Está acompañado por el nuevo director ejecutivo adjunto Fernando Galarraga, una persona no vidente que también cuenta con experiencia a partir de su historia personal, su trabajo como periodista especializado y por su paso por la Secretaría de Discapacidad de CTA Capital.
