El romance pareciera profundizarse a medida que pasa el tiempo. El vínculo que una mayoría de los 136 mil electores fueguinos—o,4 % del padrón nacional— fraguó con el kirchnerismo podría parangonarse con un primer amor de juventud. La Isla era una provincia casi adolescente y despoblada (dejó de ser considerada territorio nacional en el´91) cuando los doce años de sustitución de importaciones reforzados por los viejos planes Conectar Igualdad de tabletas y notebooks robustecieron su polo industrial, la principal fuente de empleo provincial, y atrajeron un aluvional boom demográfico.
La extensión hasta 2023 del régimen promocionado de exención impositiva como zona aduanera especial (ley 19,640), alentada por Néstor Kirchner, consolidó ese fervor inicial.
Esto aunque las dos «ciudades-estado» de Tierra del Fuego, Río Grande y Ushuaia, crecieran sin red, colonizadas por asentamientos, usurpaciones y déficits estructurales en el acceso a los servicios públicos.
En la prodigalidad de aquel hermético modelo económico pocas eran las quejas: los empresarios recogían sus pingües ganancias—también el amigo del presidente, Nicolás Caputo, con la autopartista Mirgor, firma creada en los tiempos de Sevel por Mauricio Macri—, había ocupación plena y un festín de consumo Made in Argentina.
Pero lo que terminó de sellar definitivamente ese apego fue la cuestión Malvinas y la política «K» de confrontación por la soberanía sobre el archipiélago.
En contraste, la reducción de los aranceles para la importación de productos de computación por parte del macrismo contribuyó a una demonización del macrismo, que quedó perfilado como la contracara de aquellos tiempos de gloria y nula competencia.
De allí que las previsiones de las elecciones a gobernador de mañana para el candidato de Cambiemos, el radical Juan «Pipo» Rodríguez—vestido con la anodina marca Ser Fueguino—, aparezca último en intención de voto. Hay sólo tres candidatos y los dos representantes del kirchnerismo se perfilan entre agrias peleas como favoritos. Habrá sido por esa cantada asimetría que ningún otro postulante de Cambiemos con mejores chances electorales aceptó liderar esa batalla cruel.
Para los fueguinos, Macri es el responsable de la pérdida de 5,000 puestos de trabajo, del cierre de siete fábricas del polo tecnológico, del freno al turismo y consumo internos, del ajuste fiscal y de la «imperdonable pasividad»—afirman—ante un tema identitario y capital en la Isla como lo es Malvinas, cuya jurisdicción, como se sabe, pertenece a Tierra del Fuego.
Con ese agitado escenario como telón de fondo, la gobernadora Rosana Bertone (Unidad Fueguina), hasta hace no mucho fiel a la doctrina de Alternativa Federal y ex aliada de Juan Manuel Urtubey, pugnará mañana por su reelección. La pelea es una escarpada montaña. Por eso, allanó su camino de supervivencia al sellar su pacto de unidad con La Cámpora y apoyar a libro cerrado a la fórmula de los Fernández.
Su cálculo apuntó a su base electoral y a la apuesta de que, entronizados los Fernández, la provincia se asegura otra extensión hasta 2050 del régimen impositivo especial para Tierra del Fuego y una mayor injerencia en la política exterior vinculada a las islas Malvinas. Todos argumentos salidos de su boca durante campaña.
Pragmática en su ADN peronista, dicen que Bertone debió abrevar en la cantera donde están los votos. Fue, según analizan observadores locales, una movida más estratégica que de convicción. Su luz roja se encendió tras la paliza electoral que, en ese momento ligada al PJ, padeció en las legislativas de 2017 a manos del kirchnerismo liderado por Martín Pérez (salió tercera, detrás de Cambiemos).
Ahora, en un ágil volantazo, apuntó a cubrir la vulnerabilidad en otro frente: amortiguar el palpable descontento de los 17.000 empleados públicos por el congelamiento de sueldos apenas asumió. Ese sector tampoco le perdona la reforma previsional que borró de cuajo la jubilación a los 45 años—la extendió hasta los 62, con un sistema similar al nacional—, una histórica prerrogativa de los fueguinos, y menos el ajuste fiscal que consensuó con el gobierno central.
Sus adversarios y las huestes estatales vinculan el grueso de esas políticas, urgidas por ordenar el caos fiscal heredado de su antecesora, Fabiana Ríos, como una alineación dogmática con las políticas de ajuste macristas. Todo un «trauma» en carne viva para ese sector fueguino, que su principal adversario, el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, no se cansó de agitar.
«Bertone es Macri», capitalizó el ex seminarista salesiano y radical K a lo largo de la campaña. Sus desencuentros se remontan a los primeros días de 2016. Fueron aliados dentro del Frente Para La Victoria, ganaron en sus distritos y a los días de asumir rompieron. Ninguna fuente pudo precisar el por qué de una enemistad política y territorial que fue in crescendo.
La sonriente foto de Bertone con Cristina Kirchner, el apoyo de Alberto Fernández en un video proselitista, en el que salió a decirles a los electores que todas las dificultades fueron culpa del gobierno nacional, junto al reciente guiño de Juan Manzur, suponen un respaldo decisivo a su encarnizada pelea electoral. Aunque, según las encuestas, no suficiente para imponerse en primera vuelta. La elección se definiría en ballotage el domingo 23 de este mes.
Polarización dentro del kirchnerismo
La gobernadora enfrenta una elección fuertemente polarizada con Melella, cuyo electorado elogia su gestión municipal, su resistencia al ajuste y sus críticas al modelo macrista.
Permanece imperturbable, a su vez, ante las causas por abuso sexual coactivo iniciadas por tres obreros de bajos recursos que afirman haber sido sometidos por el intendente. En relatos descarnados denunciaron que el ex cura salesiano los convocaba por Whatsapp a su domicilio con promesas de trabajo o para saldar el pago de pequeñas obras públicas y los abusaba.
A la causa de aquellos presuntos favores sexuales, que reveló Infobae, se sumaron otras denuncias por la cartelización de la obra pública. Melella habría beneficiado a una elite de empresas digitadas por el conservador Movimiento Popular Fueguino, su socio electoral junto a otros partidos vecinales.
El intendente niega las imputaciones y las atribuye a campañas de difamación orquestadas por las huestes de Bertone para truncarle su ascendente camino a la gobernación. La fiscalía le dio verosimilitud a las denuncias y avanzó con las imputaciones, pero en los nueve meses que lleva el trámite el juez Raúl Sahade nunca lo indagó. Según el defensor de las víctimas, Francisco Giménez, el juez «se dedicó a hostigar a los obreros, los interrogó durante extensas horas en tres oportunidades, omitió ordenar medidas elementales de prueba como secuestrarle el celular al intendente y cajoneó su recusación durante meses». El corolario fue una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
«Melella es un hombre que no puede contralar su impulso sexual depredador y eso en Río Grande no es novedad. Para amedrentarme, allegados al intendente me iniciaron una causa por lavado de dinero cuando no tengo ninguna vinculación con la obra pública». dijo a Infobae el penalista Giménez. Y aclaró: «Tampoco trabajo para la gobernadora Bertone pero no se puede tolerar en un estado de derecho que haya tal nivel de connivencia e impunidad».
El intendente rehusó hacer comentarios sobre esas imputaciones. En un breve intercambio con Infobae sólo aludió a su «inclaudicable pertenencia al kirchnerismo». Competirá por Concertación Forja, la escisión K del radicalismo creada por Gustavo López, el ex subsecretario de Presidencia durante la gestión Cristina Kirchner y abogado contratado por Melella para llevar temas del municipio en la Capital y el conurbano.
Una foto esquiva
Aunque el intendente no logró su ansiada foto con CFK debió conformarse con una con Oscar Parrilli y el apoyo de Mario Secco, Luis D´Elía, y de los partidos Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella y de otros siete locales.
Esa adhesión molestó en La Cámpora por la confusión que podría crear en los electores. La agrupación apunta al eje de alineamiento k entre la gobernación con Bertone y las tres únicas intendencias fueguinas: la reelección de Walter Vuoto en Ushuaia, despojar a la candidata de Melella, Analía Cubino, del municipio de Río Grande, con el diputado nacional Martín Pérez y asegurarse el domingo 23 la reelección de Claudio Queno en Tolhuin. (Los comicios municipales allí coinciden con la fecha de ballotage). Una forma de reeditar el poder territorial como en 2015, pero esta vez sin fracturas ni pases.
Puja por cada voto e impugnaciones
En el entorno de Bertone cunde la preocupación por el contundente apoyo territorial que Melella ostentaría en su territorio de Río Grande (71.700 votantes). Un número al parecer menor de los que su coalición y colectoras podrían cosechar en Ushuaia (59.951), sede de su gobernación. Aún sumándole hiperbólicamente esa totalidad junto con los de Tolhuin (4.547) y hasta los de la Antartida (364), y sin contar fugas a Cambiemos, los números no parecieran cerrarle a la gobernadora.
A eso volvió a atribuirle Melella la presentación del jueves en la Justicia Electoral por parte del frente de Bertone impugnando que la lista de su adversario pudiera sumar los votos de sus siete partidos aliados. «La argumentación jurídica fue que los partidos que lo apoyan no estaban debidamente identificados», dijeron en el entorno del intendente y agregaron que se trató de un burdo intento de proscripción, desestimado anoche a última hora.
La gestión de Bertone
Un sector de los fueguinos le reconoce a la gobernadora su determinación para revertir el estado de descalabro y el rojo de las cuentas que heredó tras los dos mandatos de la entonces referente del ARI, Fabiana Ríos. El presupuesto de gastos corrientes y sueldos consumían un 120 % del presupuesto, las jubilaciones se saldaban en cuotas, y los gremios bloquearon durante 4 meses la gobernación a comienzos de 2016. El sistema educativo y de salud estaba colapsado y las escuelas apenas sumaban 90 días de clase.
Según las fuentes locales consultadas, Bertone heredó una provincia quebrada como la de Santa Cruz, contuvo la conflictividad social y con ello se estabilizó la gobernabilidad. Pero debió equilibrar las cuentas con un fortísimo ajuste. Consolidó los 180 días y se endeudó en US$ 200 millones para financiar obras públicas, como la ampliación y dragado del puerto de Ushuaia, entrada del turismo antártico, para que pudieran recalar los cruceros de gran porte.
«Gracias a eso, el verano pasado tuvimos un ingreso récord de 380 cruceros; se financió la conexión a la red de gas a 800 familias y escuelas y, a la vez, se garantizó la tarifa social a $20 pesos de la garrafa de gas, que es lo que produce el mayor déficit en las cuentas públicas, en una provincia donde los costos eléctricos son prohibitivos y la calefacción indispensable. Se otorgaron viviendas a médicos, se construyeron dos nuevos muelles para la industria de la pesca artesanal, 17 gimnasios, el microestadio más grande la Patagonia en Río Grande, entre un total de 410 obras solventadas con recursos propios», enumeraron en la gobernación.
El candidato de Cambiemos «Pipo» Rodríguez afirma que esas mejoras no se ven y que en más de tres años Bertone desaprovechó la oportunidad de diversificar y reconvertir la matriz económica sumándole valor a los recursos genuinos y materias primas y alentando la industria de hidrocarburos. Tierra del fuego es la segunda productora de gas del país, detrás de Neuquén y la séptima en petróleo. «No hizo nada para generar un polo petroquímico, que generaría empleo y sumaría valor agregado», cuestionó.
«Además, se atribuyó en sus campañas las obras que le hizo Nación con los fondos Austral y FFFIR. Porque si alguien apoyó su administración ese fue el gobierno de Macri», arremetió.
«Tierra del Fuego tiene 50 obras en ejecución por $3278 millones y otras 39 obras finalizadas por $ 979, que hoy permiten que casi la totalidad de la población fueguina tenga acceso al agua potable y cloacas», se quejó el candidato.
