El Colectivo de Discapacidad ha estado denunciando lo que ellos creen que es un ajuste sobre el sector. De hecho, a finales del mes de agosto, llevaron a cabo una serie de movilizaciones en todo el país para visibilizar esta problemática. El principal reclamo gira en torno a dos ejes: los aumentos insuficientes y los retrasos en los pagos de las prestaciones básicas.
Marcela Kriskovich, referente de la Asociación Civil Prestadores Discapacidad Unidos, aseguró que los derechos de las personas con discapacidad están siendo vulnerados. A la vez que advirtió que el atraso en los pagos hace que las prestaciones a este sector corran peligro.
En este sentido, Martín Passini de Apadim Córdoba, una organización social que trabaja con personas con discapacidad intelectual, explicó que el sistema siempre tuvo un retraso de entre 30 y 90 días. Pero que, con los niveles actuales de inflación, esto se convierte en un serio problema para los prestadores de servicios de salud.
La respuesta desde el Gobierno Nacional no se ha hecho esperar. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud, responsable de cubrir dichas prestaciones, negaron que exista un ajuste y que los pagos se están realizando de forma normal.
¿Hay un ajuste sobre los discapacitados?
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estableció el 1ero de agosto pasado un aumento del 25% en los aranceles de las prestaciones contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
Rápidamente, los trabajadores de la salud salieron al cruce de este anuncio, explicando que el aumento es insuficiente por los niveles de inflación que está sufriendo el país. Esto, sumado a los atrasos en los pagos hacen que la situación del sector sea crítica.
Más aún, han denunciado que están vaciando el sistema de prestaciones básicas. Ya que afirman que no están funcionando la mayoría de las prestaciones ni disciplinas que necesitan las personas con discapacidad. Siendo esta situación un problema a nivel nacional.
Para dar una real dimensión de la gravedad del asunto, a la hora de comparar prepagas y obras sociales, se puede ver que la situación no cambia mucho. Según dicen desde ONGs especializadas, algunas de ellas están pagando “a cuentagotas” a medida que se liberan los fondos. Lo cual implica que, en muchos casos, no se llega a cubrir ni la mitad de lo adeudado.
Sin dudas, el colectivo de discapacitados se encuentra viviendo un momento de angustia. Las acusaciones cruzadas sobre si existe un ajuste o no, no hacen más que dilatar el problema en el tiempo. Se necesita urgente un plan integral que atienda las necesidades de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
