Greenpeace llevó este viernes una porción de bosque nativo al dueño de la compañía de gaseosas Manaos, Orlando Canido, en representación de las 500 hectáreas que el empresario desmontó ilegalmente en Santiago del Estero, como parte del proyecto que arrasará con casi 4 mil hectáreas de tierras reclamadas por 60 familias de la Comunidad Indígena Yaki Cachi Bajo Hondo. “Canido, por qué destruis lo mejor de tu país” fue el mensaje que transmitió la organización ambientalista al empresario, haciendo alusión al slogan de la bebida.
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace afirmó, “El avance de los desmontes ilegales viene asociado al incremento de los conflictos violentos por parte de los desarrolladores agropecuarios con el objetivo de desalojar a las comunidades. Los que deforestan ilegalmente deben ser considerados delincuentes y Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, es un claro ejemplo.”
Según el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC) las comunidades vienen sufriendo ataques, que incluyeron incendios, disparos a vehículos, contaminación de los pozos de agua y un tiro en la pierna a un campesino, por parte de grupos armados a las órdenes del empresario Canido. Greenpeace repudió estos actos de violencia y reclamó al gobierno provincial y nacional que actúen en defensa de las comunidades y sus bosques. Además, exigió al Congreso Nacional que se sancione el proyecto de ley que establece un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo.
Ante los reclamos de los campesinos por sus tierras, la Dirección de Bosques suspendió el proyecto en noviembre 2014. Desde entonces, señaló el MOCASE-VC, se dan los atropellos sobre los territorios de las comunidades y a pesar de las denuncias, Canido ya desmontó 500 hectáreas e intenta desalojar a las familias.
Por otra parte, Greenpeace señaló en una carta dirigida a la gobernadora de Santiago del Estero que permitir la deforestación en territorios campesinos e indígenas vulnera en forma flagrante las leyes vigentes e ignora las demandas de la sociedad. En ese sentido, la Ley Nacional de Bosques dicta que «todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras».
