La doble indemnización, dispuesta por el presidente Alberto Fernández al inicio de su gestión, tiene fecha de caducidad. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, adelantó hoy que el beneficio está vigente hasta el mes de junio de este año, pero indicó que “no hay vocación para prorrogarlo”.
La decisión de implementar este mecanismo de compensación para los empleados que eran echados sin justa razón fue anunciada por el Jefe de Estado por un plazo de 180 días.
Además, en el Boletín Oficial de la jornada de hoy se publicó un decreto para precisar el alcance del beneficio, en medio de los reclamos por parte de varios ex funcionarios que ocuparon diferentes cargos en el Gabinete durante la gestión de Mauricio Macri y que fueron apartados de sus puestos tras el cambio de administración.
Así, el Gobierno aclaró que la doble indemnización “no resulta aplicable en el ámbito del Sector Público Nacional”, sin importar “el régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran”.
En este sentido, la actual administración de Alberto Fernández señaló que de la norma original “surge claramente que esa medida fue concebida para atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales”.
Además, resaltó que “tanto en el quinto párrafo como en el séptimo del Considerando” del Decreto firmado a mediados de diciembre pasado, “se aludió a la dinámica del empleo asalariado registrado privado” y que, por lo tanto, “resulta indudable que la excepcionalidad de la medida se justificó ante la gravedad de esa situación”.
“Una interpretación que condujera a extender los alcances del referido Decreto al ámbito del Sector Público Nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el espíritu de la norma”, sostuvo el Gobierno en el documento publicado este lunes.
Por otro lado, Moroni, en diálogo con radio Continental, se refirió al aumento para las jubilaciones anunciado por el presidente Alberto Fernández: “No es un ajuste”, planteó, y agregó: “La gente olvida que estamos en emergencia, sin recursos y sin acceso a financiamiento; hay que mirar la política de seguridad social completa, el universo de beneficiados es mucho mayor que manteniendo la anterior fórmula, lejos del ajuste el gasto ha sido superior».
Con relación al anuncio del Presidente, la Defensoría de la Tercera Edad prepara una medida cautelar colectiva para frenar el aumento (por considerarlo inconstitucional) dispuesto para todos los jubilados de 2,3% más un fijo de 1.500 pesos, que para quienes ganan por debajo de $ 16.200 es una mejora de $ 197 respecto de lo que surgía de la aplicación de la ley, pero un perjuicio desde 352 pesos por mes a quienes ganan $ 20.000 hasta más de 8.000 para las jubilaciones más altas.
En tanto, Juntos por el Cambio cuestionó al gobierno al considerar que se trata de “actualizaciones discrecionales” según “las necesidades políticas y fiscales” del Poder Ejecutivo, y afirmó que “más de la mitad de los jubilados va a cobrar menos de lo que le corresponde”.
A través de un comunicado, firmado por Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y el ex candidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, se precisó que “un jubilado que cobra el haber medio ($ 20.006) va a perder más del 1000 pesos hasta el próximo aumento ($ 353 menos por mes)” y que “a un jubilado que cobra $ 30.000 el Gobierno le está quitando $ 1278 por mes, y su aumento será sólo del 7,3%, cuatro puntos menos de lo que establece la ley”.
“El esquema de actualizaciones perjudica especialmente a quienes hicieron aportes a lo largo de su vida laboral, y atenta contra el valor del esfuerzo y el trabajo”, destacaron en el texto, y advirtieron que “este sistema puede generar una nueva catarata de juicios contra el Estado, justificados, como ya ocurrió en las presidencias de (Eduardo) Duhalde y (Néstor) Kirchner, y de cuyas sentencias tuvo que hacer se cargo el gobierno de Cambiemos”.
