Al menos este año no va a cambiar nada. O casi nada. En medio de la incertidumbre por la financiación de la política, y en vísperas del inicio de la campaña electoral, la Casa Rosada empezará a promover en los próximos días el debate en torno a la modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, una discusión que desde el Gobierno pronostican pantanosa y pesimista en relación al calendario legislativo, que durante el 2017 estará acotado por las elecciones.
El martes, la Casa Rosada abrirá sus puertas para un seminario en el que disertarán Julia Pomares, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC); Pablo Secchi, de Poder Ciudadano; Delia Ferreira Rubio, de Transparencia Internacional -una activa militante contra la implementación de la Boleta Única Electrónica-, y Fernández Sánchez, de la Coalición Cívica. El encuentro servirá de excusa para el Gobierno en su afán de presentar informalmente el proyecto de ley de modificación del financiamiento partidario, que ya está terminado y al que accedió Infobae.
«Es un tema… todavía no lo tenemos claro», respondió a este medio un altísimo funcionario con despacho en el primer piso de la Casa Rosada que dedica gran parte de su tiempo a la organización de la campaña electoral, consultado sobre cómo será el esquema de financiamiento del PRO para las elecciones de este año. «Queremos hacer todo en blanco», contestó otro funcionario, del entorno más íntimo del Presidente, que dejó al desnudo los grises que tiñeron la última campaña presidencial de Mauricio Macri, plagada de irregularidades al igual que el resto de los partidos. Todo un desafío para Santiago Alberdi, tesorero del PRO, del riñón de José Torello, jefe de Asesores de la Casa Rosada y apoderado del partido. Néstor Grindetti, intendente de Lanús, supo ocupar esa silla en sus épocas de Ministro de Hacienda porteño. En la provincia de Buenos Aires, la encargada de rubricar los balances del PRO en su versión bonaerense es María Fernanda Inza, secretaria Legal y Técnica de María Eugenia Vidal, del entorno de Pablo Clusellas.
El proyecto de modificación del financiamiento partidario del Gobierno en el que trabajaron Torello y Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos, tiene nueve puntos salientes en los que se destacan la bancarización casi total de los aportes, la habilitación de los aportes empresarios, un registro de gastos y de proveedores en tiempo real y la regulación de la colaboración de órganos como la Cámara Nacional Electoral, la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCELAC, AFIP, ANSES, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina Anticorrupción para el combate de actividades ilícitas. En el 2015, la recaudación del PRO y la de otros sellos quedaron bajo sospecha por supuestos lavados de activos por millonarios realizados en efectivo. Según un relevamiento de CIPPEC, el 99 por ciento de los aportes a la última campaña presidencial fue en efectivo y sin controles.
El texto elaborado ahora por la Casa Rosada restringe casi hasta el mínimo las donaciones en efectivo: solo 950 pesos, el equivalente a 100 módulos electorales, en ocasión de eventos de recaudación de fondos y con la obligación de depositarlos en la cuenta bancaria del partido en un plazo máximo de cinco días hábiles. Para este año, el tope de gastos para la campaña electoral será de 710 millones de pesos -como publicó el diario La Nación-, 236 millones en las PASO y 474 millones en las generales, un 75 por ciento más respecto del 2015, de acuerdo a la resolución 03/2017 de la Cámara Nacional Electoral que efectivizó el aumento del módulo electoral que el Gobierno incluyó en el presupuesto.
En el caso de las empresas, hoy prohibidas de aportar a los candidatos en campaña -sí pueden hacerlo a los partidos políticos-, el proyecto oficial propone que la donación de las personas jurídicas no exceda el 2 por ciento del total del gasto permitido durante la campaña. La idea es que ningún aportante pueda «comprar» una campaña. En ese sentido, el texto impulsa la creación de un sistema de información de financiamiento de campañas en tiempo real, administrado por la Justicia Electoral, en el que se deberían registrar online los gastos y los proveedores. Además de regular los actos de gobierno y de ampliar los períodos de campaña.
El proyecto del oficialismo es toda una novedad para el sistema de financiamiento local, incluso para Macri, que financió su carrera hacia la Casa Rosada -estimada en unos 1.000 millones de pesos- con las informalidades propias de la política. Abundan los casos. En la última campaña, por ejemplo, en el búnker porteño de Balcarce y la avenida Belgrano, la circulación de dinero en efectivo fue incesante durante todo el calendario electoral. Los proveedores se apiñaban en una oficina del tercer piso a la que se accedía a través de una especie de pared falsa por la que pasaban a cobrar por sus servicios. Detrás de un escritorio, dos hombres y una mujer entregaban el pago y hacían firmar un recibo «de librería» para control interno.
En la provincia de Buenos Aires, gran parte de la administración del efectivo se hacía en un distrito de la zona norte. Hace unos meses, cuando aceptó la jefatura de la campaña provincial de este año, Federico Salvai le avisó a la gobernadora que lo hacía con la única condición de no encargarse de ese rubro, según confiaron en el entorno del jefe de Gabinete bonaerense.
Desde el Gobierno aseguran que, por ahora, no hay nadie designado como recaudador. Y abundan en que, tal vez, prescindan de ese rol. Ya no está tan cerca como antes Nicolás «Nicky» Caputo, el más íntimo de los amigos de Macri, que el propio jefe de Estado reconoció en una serie de entrevistas con la periodista Laura Di Marco para su último libro como «cofundador del PRO» y el que se ocupó de la recaudación de fondos.
«Nos preocupa, por supuesto, pero los problemas lo tienen los otros, no nosotros», explicaron desde el entorno más íntimo de Macri. Con «los otros» se refieren a la oposición. Es que el oficialismo tiene el camino más allanado: además de ser una campaña legislativa -mucho menos costosa que una presidencial-, el PRO y sus aliados desembarcaron en decenas de distritos, en especial en la provincia de Buenos Aires, lo que le aporta al macrismo recursos con los que antes no contaba. Es una de las razones por las que la Casa Rosada va a inaugurar esta vez un sistema descentralizado en el manejo de los recursos. Ya piensan, de todos, en una gran cena de recaudación para después de junio.
La necesidad del Gobierno de reformar integralmente el financiamiento político chocará sin embargo este año con la escasa actividad parlamentaria. Mientras el promedio de sesiones asciende a 20 en años regulares, en épocas de campaña el número desciende a la mitad, a 10 sesiones promedio en Diputados. Este año, Emilio Monzó ya contabilizó tres. Pero la Casa Rosada es pesimista en relación a la discusión del proyecto que modifique la financiación partidaria. En el Senado, por lo pronto, el peronismo ya mostró el año pasado su propio texto basado en el financiamiento de las campañas cien por ciento estatal. Fue cuando rechazó impulsar la reforma política, una de las frustraciones parlamentarias de Macri.
La estrategia recaudatoria del Gobierno para este año será, además, uno de los desafíos que deberá afrontar Marcos Peña como jefe de campaña nacional. Al jefe de Gabinete, un consumidor voraz de encuestas y un fanático de las campañas electorales, no le gusta que lo asocien con el financiamiento.
