Mientras negocia acuerdos de precios con diversos sectores, el Gobierno endurece los controles sobre el sector privado. De hecho, este miércoles la Secretaría de Comercio informó a través de Boletín Oficial que los sectores de comercio e industria deberán informar mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedio hasta el 31 de diciembre de 2023.
De acuerdo a la resolución 67/2023, aquellas empresas que pertenezcan al sector de comercio o industria y durante el año 2019 registraron ventas totales en el mercado interno superiores a determinadas cifras, según su categoría, deberán enviar un informe mes a mes en el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre).
Para informar los precios, las cantidades producidas y vendidas, y el stock de todos sus productos de enero de 2023, las empresas tendrán como plazo final el próximo 10 de marzo. La normativa precisó que “por ventas totales en el mercado interno, se entiende al valor de las ventas realizadas con destino en el territorio nacional, excluidos el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Interno que pudiera corresponder”.
La resolución publicada en el Boletín Oficial remarcó que “es necesario adoptar medidas que coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación, así como a mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, fomentando una mayor producción de estos bienes en la cadena que va desde el productor primario hasta los consumidores finales”.
El Sipre fue creado con el objetivo de exigirle a un grupo de empresas consideradas “grandes” que presenten todos los meses información sobre precios, cantidades vendidas de bienes finales e intermedios y de stock.
En esta oportunidad, las microempresas deberán realizar el informe mensual cuando sus ventas superen los $23.560.000 en el caso de comercio, y los $21.990.000 en el de la industria. A su vez, las pequeñas empresas deberán hacerlo cuando superen $141.680.000 y $157.740.000, respectivamente. Para las medianas empresas consideradas del tramo 1 -categoría que se define según facturación, cantidad de empleados y actividad- esos límites serán de $1.190.400 y de $986.080; y para las del tramo 2, de $1.700.590.000 y $1.441.090.000.
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El Gobierno avanza con los controles de precios
La extensión de los informes mensuales que deberán hacer las empresas de comercio e industria hasta diciembre de 2023 se sumó a una serie de medidas que implementó el Gobierno en los últimos meses para reforzar los controles sobre las empresas y evitar la suba de los precios.
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el pasado viernes la extensión hasta junio de Precios Justos, el programa que busca contener los precios. El plan ahora cuenta con más de 50.000 productos con topes de aumento en 15 sectores diferentes, entre los que se encuentran, por ejemplo, las cuotas de los colegios privados.
Al aumento de productos y de sectores, se le sumó un nuevo instrumento de control. Se desarrolló un software para que la Secretaría de Comercio pueda controlar productos específicos en supermercados individuales y otros puntos de venta en cualquier momento del día.
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Según adelantó Matías Tombolini, este sistema “procesa más de 15 millones de datos por día” y permitirá al Estado “conocer el precio que debería tener y tiene un producto en una sucursal determinada, en cada ciudad y provincia, día por día”. También habrá un sistema similar para las compras online.
Otra de las medidas que endurecen los controles de precios se oficializó el pasado 20 de enero, cuando el Gobierno estableció sanciones más severas para las empresas que no cumplan con los Precios Justos. De esta manera, las empresas proveedoras y los supermercados minoristas y mayoristas que no cumplan con el programa podrán ser sancionadas con las multas hasta $71 millones.
Las multas tienen escalas de acuerdo al tipo de infracción y de comercio. Las sanciones pueden ser: por vender productos por encima del valor establecido en el convenio, por falta de stock, la mal identificación de los productos que forman parte del programa o la restricción en la cantidad de productos que se pueden llevar un consumidor o grupo familiar.
Fuente Infobae
