Preocupado por las tensiones que provocan una inflación que no cede y la proximidad de un verano seguramente caliente, que además marcará el vigésimo aniversario de la explosión que a fines de 2001 se llevó puesto al gobierno aliancista de Fernando de la Rúa, el Gobierno estudia el cómo y el cuánto de una ayuda social que contribuya a descomprimir tensiones.
Los principales “candidatos” son los habituales: un bono o ayuda extra de fin de año para los perceptores de planes sociales y un refuerzo para los jubilados de las escalas más bajas. Esa ayuda, claro, se ceñirá a la necesidad de limitar el déficit fiscal y la emisión monetaria, que alimenta una inflación que, a su vez, debe sofocar.
Según fuentes oficiales y de movimientos sociales consultadas por Infobae, la opción más avanzada es la de otorgar un refuerzo a quienes están inscriptos en el plan Potenciar Trabajo, un programa que alcanza a aproximadamente 1 millón de personas y en el que el Estado paga medio salario mínimo por una jornada de cuatro horas de trabajo en proyectos productivos, comunitarios, laborales y la finalización de estudios, para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica, según la definición oficial.
El haber que cobran los inscriptos a este programa se actualizan en línea con los aumentos del salario mínimo. Desde este mes, cuando ingresó un nuevo tramo de incremento de 4%, la suma que cobraron los beneficiarios fue de $16.000. Hacia marzo, cuando tenga lugar el último ajuste acordado entre empresas y gremios, percibirán unos $16.500.
Este tipo de programas ya contó con bonos especiales en determinados momentos, incluso a mitad de este año, cuando el Ministerio de Desarrollo Social otorgó un pago extra de $6.000. A fines del año pasado, en tanto, el monto extra pagado a los inscriptos al Potenciar Trabajo fue de $9.400.
Desde los movimientos sociales afirmaron que también pedirán ante el Poder Ejecutivo un refuerzo de otros programas de alcance mayor, como la Asignación Universal por Hijo. La AUH ya había tenido en 2021 un bono extra de $15.000 en abril por el endurecimiento de las medidas de aislamiento social que dispuso el Gobierno en momentos de un rebrote de contagios de coronavirus. Desde el Ministerio de Desarrollo Social no confirmaron si a fin de año habrá algún pago extra.
Las medidas que se tomen, en cualquier caso, estarán lejos del “salario básico universal” que reclama Juan Grabois quien, acompañado por Itaí Hagman y Federico Fagioli, diputados del Frente Patria Grande (FPG), que integra el Frente de Todos, visitó el miércoles pasado al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, una cuña del kirchnerismo duro en el equipo económico ampliado. Grabois anticipó que el FPG podría votar contra el presupuesto y un posible acuerdo con el FMI.
A su vez, las elucubraciones en voz alta de Feletti sobre un posible aumento de retenciones, imposición de nuevos cupos o armado de un fideicomiso para “desacoplar” el precio interno de los alimentos de los del mercado internacional generaron tensión con su supuesto jefe, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, a quien le recordó ayer que debe conseguir aumentar la oferta de carne para estabilizar los precios y pasar las fiestas en paz. Según Feletti, el aumento del precio de la hacienda en Liniers la semana posterior a la elección legislativa fue “una maniobra especulativa que puso el kilo de asado a $900 en Capital y a $800 en los cordones del GBA”.
“La Argentina va a querer festejar, no frustremos, aseguremos un diciembre contentos, felices, que los sueldos alcancen. Es también responsabilidad de los empresarios”, dijo el secretario con aires de ministro en declaraciones radiales, en las que también le respondió a Kulfas, quien le había reprochado “pensar en voz alta”.
Parte de la precaria situación de millones de personas se vislumbra en un informe del Instituto de Investigación Social Ecomómica, Política y Ciudadana, que dirige Isaac Rudnik, “los precios congelados no llegan a los negocios de cercanía del conurbano”. “El valor de la Canasta de Alimentos a precios reales es de un 10,91% más caro que se si aplicaran los precios máximos del gobierno. Y cada punto de incremento de la inflación implica que cientos de miles de personan caigan bajo la línea de indigencia, porque se quedan sin la posibilidad de adquirir sus alimentos básicos”, consideró el estudio.
Otra parte de la problemática se expresa en las dificultades de inserción en el mercado laboral que tienen los jóvenes. De acuerdo a un informe de Ieral, de Fundación Mediterránea, más de la mitad de los jóvenes de entre 18 y 24 años tienen problemas de inserción socio-laboral.
“En Argentina, el 52,7% de los jóvenes de entre 18 y 24 años se encuentran con problemas de inserción social, ya sea laboral o educativa. Dentro de este grupo, más de 2 millones enfrentan inconvenientes en el mercado laboral (1,4 millones recaen en empleos precarios y 671 mil no encuentran empleo); además 723 mil jóvenes no estudian, no trabajan, ni buscan un empleo (14% del total de la población bajo estudio). Este dato está lejos de resultar una simple decisión personal, dado que el 83% de los Ni-Ni son pobres”, mencionaron.
“Los jóvenes exhiben estructuralmente mayores tasas de participación laboral que el promedio general. La tasa de pobreza entre jóvenes es superior a la de la de la población total. Registrando en 2021 una incidencia de la pobreza del 49,1% en la población joven y 40,6% en la población total. Esto significa que, de los 19 millones de personas sumidas en condición de pobreza monetaria, 3 millones corresponden a los jóvenes adultos de entre 18 y 24 años”, concluyeron.
