El presidente Alberto Fernández ya tiene definido prorrogar por 60 días más el decreto 329/2020 que dispuso la prohibición a las empresas de despedir empleados como una medida más de contención social en medio de la pandemia del COVID-19.
A pesar de que aún faltan 15 días para que se cumpla el plazo formal de caducidad del decreto que firmó el Presidente el 31 de marzo pasado y aún no se les notificó a empresarios o sindicalistas, la decisión oficial de continuar con el esquema de congelamiento de despidos ya está tomada en la Casa Rosada.
Según consignaron a Infobae allegados a Alberto Fernández el tema ya fue dialogado con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Incluso se comentó de manera informal con algunos sindicalistas allegados al Gobierno.
“Es necesario llevar tranquilidad a los trabajadores argentinos en un momento de crisis e incertidumbre como el que estamos viviendo”, dijo tajante un funcionario del Gobierno para justificar la decisión del Presidente de dar continuidad a la prohibición de despidos de parte de las empresas.
El decreto de prórroga del 329/2020 también será por otros 60 días y contemplará los mismos fundamentos que se dieron hasta ahora desde la Casa Rosada: que esta medida se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus.
Así, se prohibirán los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. A la vez, se prohibirán las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. Y se aclarará que los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto por decreto “no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.
De esta manera, el Gobierno quiere dar certidumbre a los trabajadores que en medio de la pandemia no pudieron seguir con su actividad normal por la cuarentena.
El tema fue analizado el jueves pasado en una reunión de la cúpula de la CGT con la UIA donde hubo coincidencias entre empresarios y sindicalistas en mantener la suspensión de los despidos. Estas inquietudes se trasladaron luego a la Casa Rosada de manera informal por diferentes canales de diálogo que mantiene tanto el Presidente como los ministros Cafiero y Moroni. Pero en los próximos días se dará una reunión formal del Gobierno con la CGT y los empresarios para anunciar formalmente esta prórroga de la prohibición de despidos.
Ayer, ante una consulta puntual al Ministerio de Trabajo sobre el tema se mantuvieron muy herméticos y evitaron dar detalles del tema. Sin embargo, se supo que tanto Moroni como Cafiero ya cerraron el tema con Alberto Fernández.
Durante la exposición virtual que hace dos semanas protagonizó el ministro Moroni en la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados enumeró todas las herramientas que se están tomando para atender la situación de los trabajadores y también de los empresarios en medio de la pandemia.
“Tuvimos que diseñar estrategias para diferentes sectores y para eso se creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”, dijo el ministro de Trabajo entre otras medidas tomadas. También señaló que se prohibieron los despidos por decreto y se habilitó el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite suspensiones por causa de fuerza mayor que sean pactadas entre las partes y homologadas por el Ministerio de Trabajo.
Y como una medida para contener a las empresas que se encuentran en una situación financiera delicada por la cuarentena el Banco Central estableció diferentes beneficios como la reducción de las contribuciones patronales hasta en un 95 por ciento. Además, el Gobierno aplicó el salario familiar que se está pagando a unas 8 millones de personas también se extenderá a 12 millones de beneficiarios que se encuentran en la economía informal o son monotributistas de categorías bajas.
A pesar de que existe el decreto que impide despedir trabajadores, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detectó que ya son 309.672 trabajadores afectados, en un total de 154 casos relevados. Casi todos los casos son del sector privado y la gran mayoría de los despidos ocurrieron en abril, es decir, luego de haberse firmado el decreto 329/2020. Pero en términos legales el decreto presidencial establece que los despidos decididos en estos días no tienen validez legal.
En paralelo a esto se supo que casi ocho de cada diez empresas argentinas solicitaron ayuda para compensar las pérdidas provocadas por la pandemia de coronavirus y obligó al Gobierno a inyectar una suma equivalente a los 1.600 millones de dólares a un paquete de rescate lanzado en marzo.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confirmó que unas 420.000 empresas se inscribieron al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) impulsado por el gobierno argentino tras decretar la cuarentena obligatoria el 20 de marzo. Esto contempla cerca del 80% de las empresas.
