En medio del brote de arrepentidos que confesaron en los tribunales federales porteños el pago de coimas para «campañas electorales», y de la investigación por los aportes falsos al macrismo bonaerense en 2017, el Gobierno busca avanzar en Diputados con el proyecto que modifica el sistema de financiamiento de la política.
El lunes, los asesores de los distintos bloques se reunieron por primera vez en la comisión de Asuntos Constitucionales para analizar el proyecto enviado por la Casa Rosada a última hora del pasado viernes 20 de julio.
En el bloque de Diputados del oficialismo hay «moderado optimismo». «El debate de los asesores empezó bien. Podríamos llegar a tener dictamen en octubre, y tratarlo antes de fin de año», aseguró uno de los diputados de Cambiemos que más sigue el tema.
El Gobierno había apurado el envío del texto por la escalada en la causa de los aportes falsos de la campaña bonaerense como una manera de salir de la crisis que puso en jaque a María Eugenia Vidal y a su entorno, y que dejó algunas heridas entre la gobernación y la Jefatura de Gabinete de Nación.
Sin embargo, una de las modificaciones sustanciales del proyecto oficial, como es ellevantamiento de la prohibición -instaurada en la reforma de 2009- de los aportes por parte de empresas a las campañas, también cae justo en días en los que media docena de hombres de negocios cantaron ante el juez Claudio Bonadio el pago de millones de dólares a funcionarios K, en teoría, para las campañas del 2013 y el 2015. Una sucesión de arrepentimientos tras la revelación de los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta.
En la reunión del lunes, los asesores hicieron el primer escaneo del proyecto del que el Gobierno tratará de obtener dictamen de mayoría y que deberá pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto. Aunque también se expuso la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner que plantea lo contrario del oficialismo: la estatización total de los aportes de campaña.
Uno de los asesores del diputado del Frente Para la Victoria (FPV) hizo en ese sentido una defensa del proyecto K. El bloque de Cambiemos descuenta que el kirchnerismo se aferrará a esa iniciativa. Buscará, por lo tanto, negociar con el Frente Renovador de Sergio Massa y el peronismo federal, en el que tallan los gobernadores del PJ. El Senado será otra historia.
«Esperemos que el Congreso pueda dar el debate y sancionar una ley que permita avanzar en llevar transparencia al régimen de financiamiento político y fortalecer los mecanismos y organismos de control», subrayó a este medio Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior y uno de los impulsores del proyecto.
En la elección legislativa del año pasado y en las presidenciales de 2015, más del 90% de los aportes al PRO fueron en efectivo, es decir sin ningún tipo de trazabilidad, como ahora sí plantean las modificaciones parlamentarias. En la campaña de 2015, Mauricio Macri gastó menos de $200 millones, según la rendición de cuentas ante la Justicia electoral.
Altísimas fuentes partidarias confían en que la cifra fue al menos cinco veces mayor.
La próxima semana, los asesores de los diputados volverán a reunirse para pulir las observaciones que tuvieron que plantear hasta hoy, según el plazo fijado en el encuentro del lunes. Después de eso, el oficialismo buscará activar las negociaciones con la oposición para obtener dictamen de mayoría, aunque en medio de una ajustada agenda parlamentaria.
En poco más de diez días, el Poder Ejecutivo enviará el texto de reforma del Código Penal, que incluirá la discusión por la despenalización de la mujer en casos de aborto. A mediados de septiembre, en tanto, será el turno del Presupuesto 2019.
En 2016, otro de los que había presentado un proyecto de financiamiento había sido el entonces senador Juan Manuel Abal Medina en el que planteaba que «los partidos políticos o alianzas, con motivo de la campaña electoral, no podrán recibir recursos provenientes de personas físicas o jurídicas distintas del Estado nacional». Es decir, establece la prohibición de los aportes empresarios.
Ayer, el ex jefe de Gabinete declaró ante Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli haber recibido de varias empresas de obra pública dinero negro para financiar la campaña electoral del FPV de 2013.
