El celular dentro de una cárcel puede ser mucho más que un objeto prohibido. En algunos casos, es la herramienta clave para seguir delinquiendo. “Paseme el código, quédese tranquilo”. Esa fue una de las frases que quedaron registradas en los audios de la banda del “call center carcelario”, una organización integrada por presos que, desde la Unidad Penal N° 35 de Magdalena, llegó a estafar a jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro.
La resolución, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se formalizó mediante la Resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El problema no es nuevo. En los últimos años, distintas investigaciones judiciales detectaron maniobras organizadas desde cárceles: estafas telefónicas, amenazas y coordinación de robos. En algunos casos, esos esquemas funcionaron como verdaderos centros de llamadas clandestinos.
A diferencia de intentos anteriores, la nueva herramienta busca ser más precisa. No se trata de bloquear toda la señal —como ocurría con los viejos inhibidores—, sino de detectar los teléfonos en uso dentro de la cárcel y bloquearlos de manera puntual.
Ese punto es clave. Uno de los principales problemas de los sistemas anteriores era que afectaban también a las zonas cercanas a los penales. Ahora, la idea es que el bloqueo quede limitado al interior de los establecimientos.
Hasta ahora, los controles habían tenido resultados irregulares. Si bien hay secuestros frecuentes de teléfonos dentro de las cárceles, el problema nunca logró resolverse del todo.
Además, se aprobó un “Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales”, que fija las pautas acerca de cómo se aplicará la tecnología dentro de los establecimientos penitenciarios.
En sintonía con esta decisión, no hace mucho, el bloque de HECHOS impulsó la iniciativa en la Legislatura bonaerense para evitar el uso de los dispositivos en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Según los legisladores, la medida busca restablecer el orden jurídico y reforzar la seguridad pública, considerando que la excepción implementada durante la emergencia sanitaria del COVID-19 se prolongó más allá de su justificación inicial y sin un análisis de sus consecuencias.
Fuente Infobae
