Entre los hombres de negocios regía una máxima durante el gobierno de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007. “No escuches lo que dice, mirá lo que hace”. La lógica detrás de esa afirmación era distinguir entre el mensaje épico que emanaba el ex Presidente cada vez que hablaba en público y las decisiones concretas que tomaba su gobierno. Alberto Fernández apunta en la misma dirección y no es extraño, teniendo en cuenta que como jefe de Gabinete fue la persona de mayor confianza del ex presidente en aquel momento.
El ahora Presidente divulgó el 19 de noviembre pasado un diálogo telefónico que mantuvo con la número del FMI, Kristalina Georgieva. “No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo”, aseguró en el comunicado que él mismo dio a conocer públicamente. Pero la megaley enviada por el flamante gobierno y aprobada en tiempo récord por el Congreso desmiente de una manera contundente aquella afirmación.
Según la mayoría de las estimaciones de bancos y consultoras privadas, el ajuste de las cuentas públicas será incluso mayor que el propiciado por Mauricio Macri en medio de la crisis financiera que atravesó la Argentina en 2018 y que se prolongó durante todo el 2019. Como resultado de un fuerte aumento de la presión tributaria y la suspensión de la indexación de las jubilaciones, las cuentas públicas dejarían de estar en rojo por primera vez en más de ocho años.
Bancos y consultoras son coincidentes: la nueva ley permitirá a la Argentina recuperar el superávit fiscal primario, algo que no sucede hace más de ocho años.
Ramiro Castiñeira, de Econométrica, estimó que las cuentas terminarían el año próximo con un resultado primario positivo de 1% del PBI. Es decir exactamente lo que el gobierno de Macri se había comprometido ante el FMI en el programa que quedó en suspenso. En ese cálculo se incluye el supuesto que las jubilaciones crecerán 30% en el 2020 en vez de cerca del 50% que correspondería con la fórmula de movilidad que estaba vigente hasta ahora.
Quantum Finanzas, de Daniel Marx, también ve un fuerte impacto del programa aprobado en el resultado fiscal: “Partiendo de una estimación del déficit primario de 0,7% del PBI, estimamos que la propuesta incluida en la ley puede mejorar el resultado fiscal en 1,3% respecto de 2019, llevándolo a un superávit primario de 0,6% del PBI”. Un poco más austero en sus proyecciones, un informe del banco JP Morgan a sus clientes concluyó que “los cambios introducidos podrían llevar el balance primario a cero en 2020”.
Los aumentos de impuestos dispuestos tienen un fuerte impacto especialmente sobre el campo y la clase media, que tendrá que pagar más por Bienes Personales y el nuevo gravamen sobre todas las operaciones en dólares. Pero también las empresas tendrán lo suyo: queda en suspenso la rebaja de aportes patronales y muchas provincias subirán Ingresos Brutos, un gravamen sumamente distorsivo y el que más alienta a la informalidad.
Pero la nueva ley no busca “prender” la economía como señaló en reiteradas oportunidades el Presidente durante la campaña electoral. En realidad, todo apunta a algo muy diferente: otorgar algunas certezas sobre el rumbo general que adoptará la nueva administración. Y básicamente echar por tierra los temores de quienes pensaban que el regreso del kirchnerismo era una suerte de “cuco» o directamente que la Argentina iba directo al modelo chavista.
El apretón fiscal propuesto termina siendo una suerte de reaseguro de que la Argentina no se encamina a un programa de megaemisión monetaria. Al contrario, si efectivamente se cumple con un leve superávit primario, entonces no habrá que recurrir a la emisión de billetes. Esto de por sí echa por tierra las especulaciones sobre la posibilidad de que la Argentina caiga en hiperinflación o como mínimo en una espiralización de precios, tras la suba al 55% del índice de inflación de este año.
La austeridad fiscal también permite negociar mejor y más rápido con los acreedores. Los casos de renegociaciones exitosas como Uruguay en 2003 y Ucrania en 2015 partieron de escenario de superávit primarios, es decir antes del pago de los intereses de la deuda. Y es hacia allí donde se encamina la Argentina, en un proceso que arrancó en 2018, siguió en 2019 (en parte por un ajuste real del gasto) y se consolidará en 2020.’
Los mercados festejaron el nuevo ajuste fiscal incluido en la ley ómnibus que se aprobó ayer en el Senado. Intuyen que el Gobierno acelerará la renegociación de la deuda para evitar un default total. También crecen las chances de avanzar en una reestructuración por tramos: primero los bonos emitidos bajo ley local (que representan el 90% de los vencimientos del año que viene), mientras que llevaría más tiempo la deuda emitida bajo ley neoyorkina. En este último caso las cláusulas de emisión son un poco más complejas y se requiere un avance en la negociación con el FMI.
Difícilmente la ley devuelva a la Argentina al camino de crecimiento después de ocho años de estancamiento que se transformó en franca caída en 2018 y 2019. Supuestamente se busca generar más dólares, pero aumenta notablemente las retenciones al campo, principal generador de divisas del país. Y difícilmente aumente la producción y el consumo si aumentan Ingresos Brutos, Bienes Personales, las compras en dólares y los impuestos internos para los autos cero kilómetro.
Pero ya habrá tiempo para ocuparse de cómo crecer. Ahora había otro tipo de urgencias, básicamente dejar claro que el nuevo gobierno es plenamente consciente de las restricciones del momento. El ajuste fiscal de esta magnitud sólo se explica en un reconocimiento de la falta total de confianza que hoy existe por la Argentina. No hay acceso al financiamiento y tampoco hay margen para seguir emitiendo pesos sin respaldo El camino para recuperar la credibilidad luego del tremendo golpe recibido a partir de las PASO será largo. Pero Alberto Fernández decidió empezar a transitarlo.
