El presidente Mauricio Macri aseguró este jueves, «la Justicia tiene que tener herramientas de evaluación para saber qué hace cada juez y en qué plazos» dicta sentencia. Fue durante el acto de traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires en donde, además, consideró que «las causas tienen que esclarecerse en cierto tiempo, si no hay frustración».
El mandatario participó del encuento acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; por el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano; y por el ministro de Seguridad local, Martín Ocampo.
Durante su discurso, Macri puso como ejemplo la marcha que se realizó ayer para recordar los dos años de la muerte del ex fiscal Alberto Nisman y el reclamo de justicia. «Las cosas tienen que esclarecerse en un cierto tiempo, no podemos dejar que se dilaten porque eso trae mucha frustración», alertó Macri.
También afirmó que los jueces tienen que ser evaluados sobre su actuación, y pidió una Justicia «más eficiente y dinámica» porque «lo primero que piden las víctimas (de hechos de inseguridad) es que se haga justicia».
Para que se haga efectivo este traspaso es necesario el aval parlamentario del Congreso y la Legislatura porteñas. «Espero que fruto del dialogo se hagan las aprobaciones», expresó Macri.
Larreta, en tanto, afirmó que el convenio «va de la mano de lo que se concretó con el traspaso de la policía, que es la que se maneja con la justicia penal».
Luego del anuncio, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) manifestó su rechazo a la iniciativa. A través de un comunicado, sus autoridades indicaron que el traspaso de la Justicia Nacional Penal al ámbito de la Ciudad «no mejorará el servicio de justicia que se les presta a los habitantes de la Ciudad y, en cambio, conspirará contra su derecho a ser juzgados, acusados y defendidos por magistrados realmente independientes».
«Resulta irreal que el traspaso pueda mejorar el servicio de justicia, ya que las causas penales seguirán siendo atendidas por el mismo número de personas y en el mismo territorio», expresaron, y agregaron que «esta circunstancia se verá agravada porque el propio convenio prevé la transferencia, entre muchos otros, de los delitos contra la administración pública que pudiesen cometer las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
