El sábado el galón (3,8 litros) de diésel pasó a 1,90 dólares frente a un dólar que costaba hace más de un año, y la nafta corriente trepó a 2,55 dólares, aunque el petrolero Ecuador sigue siendo uno de los países con precios de derivados del crudo más baratos de América Latina.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie, de oposición), Leonidas Iza, dijo que las estructuras de base se movilizarán en todo Ecuador, que vive en tensión por la alta criminalidad y masacres carcelarias con más de 2.000 muertos.
Los indígenas, que representan un 7,4% de los 17,7 millones de habitantes, saldrán desde sus comunidades hacia las vías y también marcharán junto a obreros y estudiantes en Quito, reclamando una disminución de los precios de los combustibles.
El presidente conservador Guillermo Lasso, quien ha llamado a la ciudadanía a defender Quito para evitar actos de vandalismo como en las manifestaciones de 2019 que duraron 12 días, alertó que no permitirá desmanes.
«Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías, para que impere la ley porque el cierre de vías y el obstáculo al libre tránsito de personas y mercaderías está prohibido en la ley», declaró el mandatario el lunes.
Las protestas, que apuntan a ser las más nutridas desde que Lasso asumió el poder en mayo, se darán bajo el estado de excepción por 60 días decretado hace una semana, que dispuso la presencia de militares en las calles para apoyar a policías en el combate contra la criminalidad.
El Ejecutivo no ha suspendido hasta ahora las libertades a manifestarse o reunirse, pese a estar facultado a hacerlo bajo la figura de emergencia declarada en todo Ecuador, situado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína.
«El problema es cuando no se escucha. Lógicamente el gobierno pone a policías, a militares. Ahí vienen las confrontaciones», advirtió Iza, un abierto opositor a Lasso, a quien propone fijar y congelar los precios en 1,50 dólares para el diésel y dos dólares para la nafta corriente.
El viernes, Lasso congeló los nuevos precios y suspendió los incrementos mensuales, pero no pudo reducir el descontento, al que se sumaron sectores sociales de oposición, que también protestarán el martes.
Si Lasso «se retrae a una posición de neoliberalismo clásico la consecuencia va a ser lastimosamente un nuevo estallido social», dijo a la AFP la politóloga Karen Garzón Sherdek, de la privada Universidad Sek.
Para el analista económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier, con la reciente medida el presidente «al final del día no logró bajar tensiones», apuntando que el Estado deberá seguir destinando millonarios subsidios a los combustibles en un país que exporta petróleo pero debe importar parte del menú de combustibles.
«Va a tener que destinar recursos que tendrán que salir de algún lado, ya sea de más impuestos o de reducción de gastos, para poder financiar» los subsidios, comentó a la AFP Acosta.
Ecuador afronta una crisis económica agravada por la pandemia, que se refleja en una deuda externa de casi 46.000 millones de dólares (45% del PBI) y un déficit fiscal de cerca del 5% del PBI, además del 47% de pobreza y miseria, y 28% de subempleo y desempleo.
El gobierno presentará ante el Congreso, controlado por la oposición, reformas tributarias y laborales con miras a reactivar la economía, pero que los sindicatos temen que sean medidas para precarizar el trabajo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), que acordó con el gobierno de Lasso revisar el programa de Ecuador con el organismo, abogó la semana pasada por la eliminación gradual de subsidios a los combustibles.
En las protestas de 2019, los indígenas obligaron al entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021) a dar marcha atrás en la eliminación -pactada con el FMI- de subsidios, que para este año representaban unos 1.900 millones de dólares.
Ámbito
