En un nuevo reclamo por la desigualdad en la entrega de dosis contra el coronavirus, el Papa Francisco reiteró su crítica a los gobiernos, funcionarios y empresarios que “acaparan vacunas” y se centran en la “propiedad intelectual” para negar una distribución universal de las dosis.
“Comparto la preocupación” planteó el Papa en una carta que envió ayer al juez Roberto Andrés Gallardo, quien lidera el Comité Panamericano de Jueces. El organismo encabeza a nivel mundial un pedido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la de Comercio (OMC) para que garanticen la distribución “universal, equitativa y asequible” de vacunas contra la COVID-19.
En la misiva, Jorge Bergoglio apoyó la lucha del Comité para poner en discusión la “revisión de los mecanismos de producción, comercialización y distribución de vacunas”, e insistió en su planteo de que haya campañas de vacunación “independientemente del país al que pertenezcan” los fármacos. El comentario se produce luego de que algunos países, especialmente europeos, vetara la aplicación de vacunas que no hayan sido desarrolladas en el Viejo Continente o los Estados Unidos.
“Aún los países que más y mejor han vacunado necesitan de la vacunación en otros países para mantener sus fronteras abiertas y recobrar la normalidad en las relaciones internacionales”, analizó el Papa.
De esa óptica, para el Papa Francisco “los que acaparan vacunas, los que ponen el acento en la propiedad intelectual, los que traban la provisión de medicinas se equivocan y finalmente serán victimas de su propia miopía”.
En las últimas horas, el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana manifestó su preocupación ante la falta de disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las vacunas contra la COVID-19 para toda la población mundial, especialmente para las personas más pobres.
A través del documento titulado “La falsa tensión entre el derecho de propiedad intelectual y los derechos a la salud y a la vida”, le solicitó expresamente a la OMC que dé una respuesta favorable, y de manera inmediata, a la propuesta de India y Sudáfrica sobre la exención de la propiedad intelectual para las vacunas y test vinculados al coronavirus.
En el documento el Comité exhorta a defensores, fiscales y jueces, en el marco de sus respectivas competencias, a que ante las conductas u omisiones gubernamentales o de empresas farmacéuticas, en la distribución, administración, control, y aplicación de vacunas destinadas a la COVID-19 garanticen el derecho a la salud y a la vida.
En la declaración, los jueces mencionan además la “adquisición desproporcionada de dosis de vacunas por parte algunos Estados acaudalados, superando su población, provoca una reducción en la oferta de vacunas, y una consecuente demora para el acceso de vacunas para otros países con menores niveles de ingreso”.
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los derechos sociales y la Doctrina Franciscana se constituyó el 4 de junio de 2019 en el Vaticano, en una reunión de la que participó Francisco.
Entre sus objetivos y propósitos se encuentra generar una herramienta de carácter permanente con el objeto central de propender a la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en pos de la eficacia de tales derechos en favor de las personas más vulnerables.
Asimismo, se proponen denunciar y difundir situaciones que vulneren los Derechos Humanos, especialmente los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales, de las personas, de manera individual o colectivamente.
