La Asamblea Nacional de Venezuela comenzó el debate para la segunda discusión el proyecto de ley de amnistía general que podría beneficiar a cientos de presos políticos, en un contexto de intensas negociaciones y bajo la observación de familiares, activistas y la comunidad internacional.
El proyecto en debate abarca delitos y faltas ocurridos durante los 27 años de chavismo, pero la redacción final ha generado controversias. El artículo 7, uno de los puntos más discutidos, establece que para acceder a la amnistía es necesario que la persona “esté a derecho o se ponga a derecho”, lo que implica presentarse ante la justicia venezolana. Esta condición ha despertado preocupación entre opositores en el exilio, quienes temen que su situación legal no se resuelva con la aprobación de la ley.
Los excarcelados no han recibido libertad plena, un aspecto que ha sido señalado como insuficiente tanto por familiares como por activistas.
Las negociaciones parlamentarias han sido complejas y se han centrado en tres artículos determinantes, cuya redacción definitiva aún estaba pendiente al inicio de la sesión.
El chavismo, que cuenta con mayoría absoluta, busca que la ley sea aprobada por consenso, aunque la oposición mantiene reservas sobre algunos puntos clave. La sesión, originalmente prevista para las 16:00 horas, se retrasó debido a estos debates internos y la reunión de la comisión encargada del texto.
El artículo 8 describe los hechos cubiertos por la amnistía, que van desde el golpe de Estado a Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002, hasta las protestas posteriores a la reelección fraudulenta de Maduro en 2024.
Expertos y miembros de la sociedad civil insisten en que la ley debería tener un alcance amplio, sin excepciones, y garantizar un proceso de justicia transicional. Naciones Unidas ha recomendado que todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal sean incluidas en la amnistía, como parte de una solución integral al conflicto político.
La situación de los familiares de los detenidos ha sido especialmente visible en las últimas semanas. Un grupo de diez mujeres inició una huelga de hambre el 14 de febrero frente a los calabozos de la Policía Nacional en Caracas, en demanda de la liberación de sus familiares.
“El Parlamento tiene la oportunidad de demostrar si existe o no verdadero ánimo de reconciliación nacional desde el respeto a los derechos humanos”, planteó el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal.
En el plano internacional, Estados Unidos ha incrementado su presión sobre el régimen venezolano. La visita reciente del jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, incluyó reuniones con Delcy Rodríguez y altos funcionarios de Defensa e Interior.
Washington ha condicionado avances en la relación bilateral y el control del petróleo venezolano a gestos concretos en materia de derechos humanos y liberación de presos políticos.
La discusión legislativa sigue abierta, y el desenlace dependerá de los acuerdos alcanzados entre el oficialismo y la oposición respecto a los artículos más polémicos. La expectativa de familiares y organizaciones humanitarias se mantiene ante la posibilidad de que la ley de amnistía se traduzca en la liberación efectiva de todos los presos políticos y en una señal de apertura política en Venezuela.
(Con información de AFP)
Fuente Infobae
