En una ajustada votación, la oposición se encolumnó y rechazó el decreto firmado por Mauricio Macri el 21 de enero para recuperar los bienes de la corrupción. El otro dato saliente es que el peronismo y el kirchnerismo aprovecharon la ocasión para dar una muestra de unidad y votaron en sintonía para rechazar la medida del Presidente.
Al momento de votar, tanto Cambiemos como la oposición cosecharon ocho firmas cada uno y debió desempatar Marcos Clari, hombre de La Cámpora que integra el bloque del Frente para la Victoria en Diputados. Con su voto, la balanza se inclinó para el rechazo y ahora el dictamen deberá ser ratificado en ambas Cámaras para que el decreto sea desestimado. En caso de que alguna de las dos lo rechace, seguirá en pie.
La senadora por Salta Cristina Fiore fue el voto clave para quienes rechazaron el DNU porque su postura no estaba clara antes de la sesión. Sin embargo, cuando tomó la palabra expresó: «Me preocupa el precedente que se está generando. Flaco favor le hacemos a las demandas sociales si permitimos que el Presidente legisle sobre temas que se encuentran en tratamiento en el Congreso». La legisladora hacía referencia a que la norma está pendiente de ser tratada en Diputados luego de que el Senado la votara con cambios en agosto de 2018.
Por el lado de Cambiemos, quien defendió el decreto fue Pablo Tonelli: «La extinción de dominio era un reclamo constante del Ministerio Público y de los propios jueces. La experiencia demostró que en determinados delitos, como el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción, no alcanza con juzgar penalmente esos delitos. Aun desde la cárcel, los propios condenados pueden disponer de esos bienes y pueden así seguir dirigiendo esas organizaciones criminales».
Luis Petri, también del oficialismo, se mostró en sintonía y apuntó al kirchnerismo: «Quieren atar el decreto al proceso penal porque no quieren investigar los bienes de corrupción del pasado. Hay más de 250 mil millones de pesos que dependen de una acción de extinción de dominio para ser recuperados por el Estado».
Por su parte, Anabel Fernández Agasti, del Frente para la Victoria, acusó al Gobierno de querer ocultar los problemas de la coyuntura con esta medida: «El Presidente no le tiene que cargar a la Justicia la mala política económica, financiera y social que lleva adelante el macrismo».
El decreto firmado por Macri dispone que la Justicia civil tendrá los elementos jurídicos para agilizar la extinción de la propiedad de los bienes de delincuentes investigados por narcotráfico, corrupción, crimen organizado, terrorismo, trata de personas y demás delitos graves. Tendrá una retroactividad de 20 años.
El proceso civil se iniciará una vez dictada en sede penal una medida cautelar sobre los bienes. Para ello, se creará una fiscalía especializada que trabajará para determinar si el patrimonio de los delincuentes está constituido en forma ilícita.
La tramitación civil del proceso es la clave, ya que acelera el trámite de la extinción de dominio en comparación con las herramientas con las que contaba el Estado hasta ahora.
No solo se tramitará en paralelo al proceso penal, sino que el juez civil podrá incautar los bienes y disponer de ellos si el imputado no logra demostrar que fueron adquiridos lícitamente, evitando las dilaciones de los procesos penales. En concreto: se invierte la carga de la prueba.
