El martes 26 vencerá el plazo de 30 días hábiles que acordaron el gobernador Juan Manuel Urtubey, la ministra Paula Bibini, el ministro nacional Sergio Bergman y los productores para realizar y dar a conocer un relevamiento sobre la situación de los 32 emprendimientos rurales que fueron autorizados hace más de cuatro años para adecuar tierras para la producción rural pero que ahora están amenazadas con tener que reforestar los predios ya reconvertidos.
El agujero negro
En medio, el Gobierno provincial creó la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS), de la que participarán organizaciones ambientales, como Greenpeace o Proyungas, de compleja relación con los productores rurales.
Esa agencia tendrá a su cargo «la evaluación, control y resolución de la situación de los predios recategorizados» alcanzados por la resolución N´ 56/2018 de la Nación y la resolución N´ 19/2018 de la Provincia, «disponiendo las acciones de restauración y/o compensación que fueran necesarias».
También se hace referencia a controles futuros de desmontes, pero los productores cuestionan (y dudan mucho) sobre un punto: en 2014, el Gobierno provincial identificó 200.523 hectáreas de desmontes legales y 257.828 hectáreas de desmontes ilegales. ¿Por qué se investiga y se piden sanciones para quienes actuaron dentro de la ley y se pasa por alto las responsabilidades de quienes, según la provincia, depredaron una cuarto de millón de hectáreas?, se pregunta la gente del campo.
Lo que viene
En la reunión de mayo, Santiago Bayón, de Prograno; Lucas Elizalde, de la Rural, e Ignacio Pisani, de Federsal, creyeron ver un margen de expectativa para resolver la situación absurda de castigar a empresas que obraron dentro de la ley, con autorización expresa del Gobierno provincial, y ahora quedaron bajo la lupa por una intromisión del Ministerio de Ambiente de la Nación que reconoce, explícitamente, que la administración de los bosques es jurisdicción de la Provincia.
«El absurdo, piensan los productores, no es una casualidad, siempre hay gato encerrado».
Por ahora no hablan: esperan al 26 de junio.
Les llama la atención que Bergman intervino, en enero pasado, a instancias de la organización Greenpeace. Esa entidad venía hostilizando a uno de los 32 finqueros, Alejandro Braun Peña, con acusaciones de tono extorsivo e invocando el parentesco del inversor con el jefe de Gabinete de la Nación. La historia de Greenpeace en Salta no genera confianza.
Radar productivo
El daño a la seguridad jurídica y a la credibilidad de Salta como polo de desarrollo agroalimentario ya está hecho. A pesar de todo, como balance de la visita del presidente Mauricio Macri a la provincia, el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, envió un informe al Consejo Económico Social donde ratifica todo el proyecto.
En un entusiasta capítulo del informe, denominado «Radar productivo» define metas ambiciosas, que contrastan con las maniobras que impiden el desarrollo rural. «Las actividades productivas con mayor potencial para impulsar la actividad económica y dinamizar el empleo son: conversión de proteína vegetal en proteína animal, energías renovables, minería y biocombustibles».
La conversión de proteína vegetal en proteína animal requiere las pasturas de la región chaqueña. Es decir, que las vacas coman pasto (más que grano), procesen la celulosa y produzcan carne. Las energías renovables y la minería son actividades propias de la Puna y los Valles, amenazadas también por la expansión de áreas protegidas.
Y los biocombustibles, la otra fortaleza que menciona Vignolo, sufren por las deficiencias en la legislación y en resoluciones que limitan sus precios y el porcentaje aprobado para la mezcla con naftas. Y con el ecofundamentalismo pendiendo sobre sus campos como la espada de Damocles.
Francisco Sotelo/El Tribuno
