La creciente demanda del servicio que brinda la Justicia de la Provincia obligó a establecer políticas activas para dar una respuesta satisfactoria a la comunidad, para lo que se incorporó tecnología, recursos humanos y se amplió la infraestructura en cada una de las sedes jurisdiccionales.
Las estadísticas reflejan esa tendencia a partir del lanzamiento y puesta en marcha en 2006 del Programa “El Poder Judicial en Cambio”, el que se mantiene en permanente actualización y con nuevas metas.
En ese sentido, hay que situarse en el año 2005 para hacer una comparación de la evolución que tuvo el Poder Judicial en una década. Cuando la cantidad de habitantes de la provincia de Santiago del Estero era de 839.767 personas, las causas que ingresaron en primera instancia fueron de 47.487. En 2010, ascendieron a 52.269 y decreció a 44.966 cinco años más tarde, cuando el número de pobladores se elevó a 928.097.
Si bien creció la litigiosidad en general, las estadísticas exhiben una menor cantidad de causas ingresadas en 2015 con respecto de mediciones anteriores. La explicación de esta situación está relacionada con el afianzamiento del sistema de mediación, obligatoria en algunos asuntos de Familia y voluntaria en conflictos vecinales, con lo que se evita la judicialización de numerosos litigios y se descomprime así la labor de los magistrados.
Cuando las autoridades del Superior Tribunal evaluaron la situación con la que empezaban su gestión, en 2005, concluyeron que una de las necesidades urgentes era ampliar los espacios físicos en los que se desarrolla el trabajo judicial, tanto en la Capital como en ciudades del interior.
Por esa razón, es que se levantaron los nuevos Centros Judiciales propios en las ciudades de Añatuya; La Banda y Las Termas de Río Hondo, mientras que se construyó un ala que se erige sobre la calle Yrigoyen en el Palacio de Tribunales. En tanto, el que alberga al de la ciudad de Frías está proyectado ampliarlo y reformarlo.
La infraestructura edilicia creció de forma notoria y es inequívoco en los metros cuadrados ocupados: de 19.263 en 2005 pasó a 34.272 en 2010 y a 37.638 en 2015. Se trata de edificios nuevos y otros que se adquirieron para albergar diferentes reparticiones.
Parte de esos espacios físicos son ocupados por nuevos órganos jurisdiccionales, como por ejemplo, los Juzgados Concursales; de Ejecución Fiscal; de Género; los seis Juzgados del Trabajo y Minas; la Cámara de Apelaciones Civil de Tercera Nominación y el Tribunal de Alzada, entre otros.
Algo similar ocurrió con organismos administrativos, como la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer; el Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (CEMARC); el Centro Único de Capacitación “Dr. José Gorostiaga”; el Laboratorio de Genética Forense y el Departamento de Comunicación Institucional.
En tanto, se crearon cargos de magistrados, funcionarios y se incorporaron empleados para dotar de recursos humanos a las áreas creadas, con la finalidad de garantizar el acceso a Justicia de la ciudadanía, como lo establece los Tratados Internacionales y las Constituciones de la Nación y de la Provincia.
