A la misma hora en que la Corte Suprema se reunirá para reafirmar la autonomía de la Ciudad y poner límites a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) en materia de educación, el presidente Alberto Fernández anunciará una inversión de 20.000 millones de pesos y la entrega de 633.000 netbooks para estudiantes secundarios.
En Ezeiza, junto al ministro de Educación, Nicolás Trotta, el Presidente volverá a exponer sus diferencias con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero además rivalizará con el expresidente Mauricio Macri, quien discontinuó, según el gobierno nacional, el plan Conectar Igualdad, que repartía netbooks a estudiantes.
Vamos a empezar a entregar notebooks a chicos para que vuelvan a acceder al mundo digital”, dijo el jefe del Estado el último sábado y recordó que “entre 2011 y 2015 se habían entregado cinco millones de notebooks para que los chicos pudieran tener esa conectividad”, pero que el plan “se perdió” durante el Gobierno anterior. El nuevo plan se llamará Juana Manso.
Y agregó: “En un tiempo en el que la conectividad era tan importante, lo difícil que se hace dar clases remotamente por la falta de acceso a la conectividad de muchos chicos de la Argentina”.
A la misma hora, la Corte Suprema de Justicia haría pública la sentencia en la causa promovida por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires contra el decreto nacional que prohibió las clases presenciales. Los cortesanos, según adelantó LA NACION, reafirmarían la autonomía de la Ciudad, en respuesta a la demanda que presentó Rodríguez Larreta contra el decreto presidencial que suspendió por 15 días las clases presenciales.
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La causa fue iniciada el 16 de abril por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su presentación, el gobierno porteño pidió que la Corte declarara inconstitucional el artículo 2 del decreto 241/2021 de Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales en el área metropolitana (AMBA) por dos semanas y que dispusiera una medida cautelar. La administración de Larreta afirmó que el artículo cuestionado “viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”.
En medio de este escenario, ayer se volvió a recalentar el conflicto. Desde el gobierno porteño ratificaron su “compromiso” por la educación al mantener la presencialidad de las clases. El encargado de fijar posición fue el subsecretario de Cooperación Urbana Federal, Lucas Delfino. “En la Provincia pesa más la imposición de [Roberto] Baradel que la de los datos empíricos epidemiológicos”, sostuvo el funcionario porteño.
