Al menos 503 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela, según el balance del Foro Penal difundido este martes con datos al 23 de marzo. La cifra, que incluye a 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, refleja un descenso respecto a los 526 contabilizados a principios de marzo, pero llega en un momento en que la ley de amnistía enfrenta cuestionamientos crecientes por la discrecionalidad con que los tribunales aplican sus beneficios.
El Parlamento venezolano informó el viernes que 8.068 personas recibieron la libertad plena durante el primer mes de aplicación de la ley, promulgada el 19 de febrero. Según el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria de seguimiento, 7.808 de esos beneficiados tenían libertad restringida con medidas cautelares y los restantes 260 estaban encarcelados. Las autoridades registraron un total de 11.396 solicitudes válidas hasta esa fecha, pero no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados.
La ley presenta limitaciones de diseño que las organizaciones de derechos humanos han cuestionado desde su aprobación. Aunque abarca formalmente 27 años —desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder— el beneficio solo se aplica a personas vinculadas con 13 “hechos” específicos ocurridos en 13 años distintos. Quedan excluidos los casos relacionados con operaciones militares, homicidios, corrupción y violaciones de derechos humanos.
La negativa a Tarazona no fue un caso aislado. El 17 de marzo, Henry Alviárez, coordinador nacional de organización de Vente Venezuela —el partido de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado— anunció que el sistema judicial rechazó también su solicitud. Alviárez fue detenido en marzo de 2024 junto a la ex diputada Dignora Hernández, acusado de presunta vinculación con planes relacionados con las elecciones presidenciales de julio de ese año. Seis dirigentes sindicales condenados en 2023 a 16 años de prisión por conspiración corrieron la misma suerte.
El horizonte de la amnistía depende ahora de si los rechazos judiciales se consolidan como tendencia o si el mecanismo de apelaciones —que el propio Rodríguez señaló como vía disponible— permite revertir los casos excluidos. La líder opositora María Corina Machado denunció que la ley opera como una herramienta de “represión selectiva”, mientras organizaciones de derechos humanos la describen como un “espejismo” que no resuelve la crisis estructural. Más de 500 personas permanecen detenidas y miles más bajo restricciones que contradicen el discurso de reconciliación con el que Caracas presenta este proceso ante la comunidad internacional.
Fuente Infobae
