Cientos de miles de trabajadores del sector público apoyan hoy el paro laboral coordinado en todo el país, que secundan al menos 25 sindicatos, y que pretende poner de manifiesto el descontento de estos ciudadanos ante los recortes aplicados por el Ejecutivo de David Cameron.
Hospitales, colegios, aeropuertos, puertos y oficinas gubernamentales mantienen ya sus puertas cerradas u operarán bajo mínimos mientras se prevé que a lo largo de la jornada se lleven a cabo por todo el país hasta 1.000 manifestaciones, discursos públicos y piquetes.
Millones de niños permanecen en sus casas a consecuencia de la huelga mientras que el Departamento británico de Educación (DfE) calcula que más de la mitad de las 21.700 escuelas públicas de Inglaterra (el 58 por ciento) cerraron sus puertas mientras que otro 13 por ciento están parcialmente cerradas.
Los sindicatos tildan de «injustas» las modificaciones previstas en sus planes de pensiones, frente a un Gobierno que los defiende como cambios necesarios para asegurar la viabilidad del sistema en un momento con expectativa de vida más elevada.
Según Downing Street, residencia y despacho oficial del Primer Ministro, la huelga no conseguirá «nada».
El paro preocupa especialmente a las aerolíneas y Virgin Atlantic y British Airways han ofrecido a sus pasajeros que tenían previsto volar hoy la opción de canjear su billete.
Se trata de la mayor medida de fuerza organizada en el Reino Unido desde la huelga general de 1926 para defender los derechos de los mineros y la mayor confrontación con un Gobierno conservador desde la época de la primera ministra Margaret Thatcher, que en los años 80 ilegalizó las huelgas generales.
Los huelguistas se oponen a las reformas impuestas por el Gobierno a sus planes de pensiones, que incluyen elevar la edad de jubilación, de forma que no podrán empezar a cobrar sus pensiones a los 60 años.
También se prevé aumentar las contribuciones individuales y reducir el monto final, que pasará a calcularse con una media del salario percibido en toda la vida laboral, en lugar de con la última remuneración.
En un intento por evitar la huelga, el Gobierno presentó este mes una nueva oferta «mejorada» que contempla que el retraso previsto de la edad de jubilación hasta los 67 años no afecte a los funcionarios que vayan a jubilarse la próxima década, que a su vez mantendrían invariable el monto de su pensión.
