Luego del pedido del fiscal Eduardo Taiana para que Alejandra Gils Carbó , sea citada a declaración indagatoria, Elisa Carrió se opuso a la posibilidad de remover por decreto a la procuradora general de la Nación.
«Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes como Gils Carbó, a quien denuncié desde su nominación», escribió la diputada nacional en su cuenta de Twitter.
«O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político. Nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución», agregó, en referencia a una posible destitución de Gils Carbó de su cargo», agregó.
Carrió presentó varias veces su pedido de juicio político contra la jefa de los fiscales designada por Cristina Kirchner. Primero fue en el 2013, pedido que repitió en junio de 2016 y otra vez en junio de este año, cuando junto a otros diputados nacionales por la Coalición Cívica ARI solicitaron que se investiguen las operaciones inmobiliarias por parte de la Procuradora General de la Nación, y también pidieron que se revise el manejo del presupuesto del organismo.
El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro-Cambiemos) no descartó hoy que Mauricio Macri pueda remover a Gils Carbó por decreto. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales e integrante del Consejo de la Magistratura defendió la posibilidad de que el Presidente utilice esa vía para desplazar a la jefa de los fiscales.
«Así como está previsto que los jueces sean removidos mediante un procedimiento de enjuiciamiento, en el caso del procurador, eso no está previsto. De modo que la remoción puede ser procedente por otra vía», apuntó Tonelli.
El pedido de indagatoria
Este martes, Taiano pidió que la procuradora general de la Nación, sea citada a declaración indagatoria por la compra de un edificio para la Procuración. Se pagaron 43 millones de pesos y la operación habría beneficiado a un funcionario del organismo – habría recibido una comisión de 3 millones-.
La operación para comprar el edificio de Perón 667 se realizó mediante la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, y actuó de intermediario Juan Carlos Thill, al que se le pagó unos $ 3 millones de comisión, y que es hermano del número dos del área de contrataciones, un funcionario de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi.
El fiscal, además, pidió que sean citados a declarar como imputados Guillermo Alfredo Bellingi, Héctor Zurita, Jorge Damanico, Osvaldo Leguizamón, Juan Thill, Bárbara Jaureguiberry, Ignacio Costa Urquiza, Adrián González Fisher, Pedro Donato Viceconte y Roberto Martino.
