Las plataformas digitales de transporte, como Uber, Cabify y Beat, no estarán incluidas en el proyecto que analiza el Gobierno para otorgarles protección social y laboral a los trabajadores de este sector.
Así lo precisó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, durante una reunión que la semana pasada mantuvo con dirigentes del sindicato de taxistas y de entidades que agrupan a propietarios de vehículos de alquiler.
El proyecto oficial, que fue anticipado el sábado pasado por Infobae, causó conmoción entre sindicalistas y propietarios de taxis porque temen que la iniciativa gubernamental traiga como consecuencia la legalización de estas aplicaciones de transporte en la Argentina.
Los taxistas acusan a las plataformas de transporte de operar “sin habilitación ni permiso, violando la Ley de Tránsito y evadiendo las leyes laborales, impositivas y sociales vigentes en el país”.
Por eso pidieron una audiencia a Moroni con carácter de urgente para conocer de su boca si efectivamente el proyecto en estudio contemplaba proteger a los trabajadores de aquellas aplicaciones que combaten en todos los frentes posibles porque les quitan una buena parte de su clientela.
Allí, el ministro les aseguró que las plataformas que se dedican al transporte quedaron excluidas de la iniciativa oficial, pero, según fuentes cercanas a Moroni, Trabajo incluirá en el texto en análisis a “otras aplicaciones”, como las que se dedican al delivery, porque “los trabajadores están precarizados, casi en negro, sin obra social ni vacaciones ni ningún convenio laboral que los proteja”.
Del encuentro con Moroni participaron, entre otros, Omar Viviani (Sindicato de Peones de Taxis), Luis Fernández (Asociación Taxistas de Capital), Jorge Celia (Federación Nacional de Propietarios de Taxis), Julián Amado (Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro), Ana Claudia Buso (Cámara Argentina del Autotaxi), Tomás Álvarez Pérez (Unión Propietarios de Autos Taxis), Alfredo De Nataly (Unión de Propietarios y Mandatarios de Taxis) y Enrique Celi (Unión Propietarios de Autos Taxis).
En diálogo con Infobae, Viviani admitió que el encuentro con el ministro lo había “tranquilizado” y explicó los motivos de su rechazo a que las plataformas de transporte estén contempladas en el proyecto que empezó a analizar Trabajo: “Son como remises y tienen que cumplir una normativa -destacó-, pero si la cumplieran, en realidad, no podrían cobrar la mitad de la tarifa que el taxi: los tipos no pagan nada, no tributan en la Argentina y le sacan el 30 por ciento al tipo que pone el auto”.
“¿Pero los que manejan para esas aplicaciones no están desprotegidos también?”, preguntó este medio. El sindicalista fue contundente: “No son trabajadores de plataformas, son remiseros. ¡No jodamos! No se puede estar contra la tecnología que avanzan en el mundo, pero estamos en contra de una competencia desleal que no tiene regulación y que hace lo que se le canta”.
Viviani consideró que, en cambio, quienes se desempeñan en aplicaciones que se dedican al delivery, como Glovo, Rappi o Pedidos Ya, “son trabajadores en negro” y contó que el sábado pasado canceló una compra por teléfono porque una conocida heladería le pidió que le encargara el envío a una plataforma digital. “El pibe que va en bicicleta o en moto te cobra a vos entre 30 y 50 pesos por llevarte el helado. Antes llamabas a la heladería y el dueño se hacía cargo de pagarle al chico que hacía el reparto. Por eso la que le tendría que darle el recibo de sueldo y el seguro de vida a ese pibe tendría que ser la aplicación”, dijo el dirigente del sindicato de peones de taxis.
“¿No tiene la misma desprotección laboral el trabajador de Uber que el de Rappi, Pedidos Ya o Glovo, por ejemplo?», insistió Infobae. “No es similar porque vos llamás a una aplicación y le pagás 30 pesos al pibe que te lo trae a tu casa y que está totalmente desprotegido, fuera de la legislación laboral. En cambio, Uber le cobra un 30% al tipo que pone el auto y, además, hay una ley nacional de transporte y el transporte público está regulado en la Argentina”, sostuvo Viviani.
El proyecto que comenzó a analizar el Gobierno apuntará a corregir el estado de desprotección de los trabajadores de plataformas, que en la Argentina son unos 160.000 y que no tienen salario fijo, horario, francos, aportes jubilatorios, vacaciones, ART ni otros derechos laborales.
La idea del presidente Alberto Fernández, que ya había criticado la “uberización de la economía argentina”, es brindarles protección social y laboral a esos trabajadores de aplicaciones y por eso le encargó a Moroni que analizara cómo corregir la informalidad en la que se desempeñan.
Entre las ideas en estudio figura la de enrolar a esos trabajadores en una nueva categoría de trabajador autónomo dependiente, existente en España o Alemania, que tiene las características del autónomo porque es independiente y puede trabajar para varias plataformas, pero su dependencia es económica y se le reconoce un empleador si supera un porcentaje de trabajos con alguna de ellas.
La preocupación por la precarización de los trabajadores de aplicaciones también aumenta en otras opartes del mundo e incluso llegó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT): el último informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, dependiente de este organismo, afirmó que “debería establecerse un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales del trabajo que les exija que respeten determinados derechos y protecciones mínimas”, a la vez que advirtió que las tareas que se desarrollan hoy en ese ámbito podrían recrear “prácticas laborales que se remontan al siglo XIX y futuras generaciones de jornaleros digitales”.
Este mes entró en vigor en California, en los Estados Unidos, una ley por la cual las empresas de plataformas deben considerar empleados a sus trabajadores y otorgarles beneficios sociales. Es considerado el primer paso de una tendencia que se extendería a otros Estados norteamericanos y que generará fuertes consecuencias económicas y laborales en el mercado de ese país.
