En plena pandemia de coronavirus, en el conurbano bonaerense cerraron 13 clínicas privadas por la crisis financiera que atravesaban. El colapso económico no se produjo por falta de pacientes, sino por la saturación de camas, sobre todo de terapia intensiva, con caso graves de COVID-19. Los altos costos de los insumos dolarizados, las deudas que los contratantes mantienen con los prestadores, la desactualización en el valor de las prestaciones médicas y la alta inflación conforman la ecuación que los llevó a cerrar los centros de atención que atendían, en su gran mayoría, a pacientes del PAMI e IOMA. Se trata de casi 700 camas que ya no prestan servicio, de las cuales 72 eran de cuidados intensivos.
A este combo explosivo se le suma que hoy finaliza la conciliación obligatoria que por 15 días dictó el Ministerio de Trabajo en la paritaria con los trabajadores de la Sanidad, que reclaman un ajuste del orden del 45% para sus salarios.
“El sistema está al borde de colapso total. La nueva realidad económico-sanitaria profundizo más la crisis que nuestro sector venia padeciendo desde hace años”, reflexionó ante Infobae Guillermo Barreiro, vicepresidente de la Cámara de Prestadores del Conurbano (CAPRESCO) y gerente del Hospital Dr. Alberto Duhau.
“La pandemia, que nos afecta hace más de un año y medio, agravó aún más la crisis y, de no tomar medidas en lo inmediato, muchos de los prestadores privados del país cerrarán sus puertas. Al menos una docena de clínicas privadas han cerrados en el conurbano en época de pandemia y, sin ir más lejos, el viernes se anunció el cierre de la única clínica privada en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires”, precisó Barreiro: “Si no hay una actualización de las distintas prestaciones que se han ido desactualizando a través de los años, es inadmisible seguir atendiendo pacientes por 600 o 700 pesos las consultas ambulatorias, cuando un kilo de helado sale 1.200 pesos”, comparó para darle sustento al pedido de asistencia.
“No vamos a amenazar con dejar de prestar servicio a obras sociales y prepagas, como ya lo hizo algún sector, pero las autoridades deben comprender que si no recibimos auxilio financiero nos vamos a terminar de fundir”, advirtió el directivo de CAPRESCO.
La mención viene a cuenta de la advertencia de los oftalmólogos que anunciaron que, si no le dan una solución al sector, dejarán de atender a obras sociales y prepagas o irán a un esquema de copagos. Una consulta se abona alrededor de $400 cuando debería valer $2.400. También, como remarcan desde la Cámara de Prestadores del Conurbano, cobran a 90 días y sus aranceles sufren un atraso desde 2005 a esta parte. Los oftalmólogos, también acusan el impacto económico ante el avance de la inflación e insumos dolarizados que explican el 40% de sus costos.
La semana pasada, representantes de esa especialidad reclamaron un aumento en las tarifas que abonan prepagas, obras sociales y PAMI y advirtieron que cada vez más profesionales se inclinan por dejar de atender a afiliados de esas financiadoras porque los valores y plazos en los que pagan les causan un quebranto.
La mayoría de las instituciones privadas, que atendían a la seguridad social en momentos en que se saturaban las camas UTI, formaban parte de la Cámara de Prestadores del Conurbano.
Barreiro, en representación de los prestadores privados, va en el mismo sentido. “La cápita de PAMI de II nivel se paga menos que un kilo de helado por abuelo mensuales, el IOMA solo actualizó el 10% en todo el 2020 y tiene previsto un 38% para el 2021. Las Obras sociales sindicales no han reconocido ni siquiera lo que la mayoría de los trabajadores consiguieron con las cláusulas gatillos que les garantizaba llegar al índice de inflación”.
El listado es extenso: Clínica Sagrado Corazón, de Hurlingham; Sanatorio Mariano Pelliza, en Munro; Centro de Salud Norte, en Villa Adelina; Clínica Privada San Andrés, en Caseros; Clínica Nueva Comahue, ubicada en la localidad de Temperley; Clínica San Carlos, de Escobar; Clínica Brandsen, de Quilmes; Sanatorio Plaza, también en el partido bonaerense de Escobar; Clínica Los Almendros, de Pilar.
A esas nueve se les suman el Sanatorio San Miguel, Nueva Comahue, Sanatorio La Torre, y San Carlos, que atendían sobre todo a afiliados de IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires. Por ahora, el estado provincial se está haciendo cargo de los servicios que presta para no causar mayores problemas a los trabajadores públicos bonaerenses que se atienden allí.
Guillermo Barreiro también pone el acento en el aumento injustificado de ciertos insumos y asegura que muchos de ellos “no responden ni siquiera a la alta inflación ni al precio del dólar”.
Como ejemplo, el profesional precisa que el Midazolam ampollas, que en febrero del año 2020 costaba $29,50, hoy no se consigue a $541,25, es decir que aumentó un 1643%. El Fentanilo, una droga clave para la intubación de pacientes con respiración mecánica, en el mismo período pasó de los $29 a $387, un 1234% más caro.
Desde CAPRESCO analizaron que con el cierre de clínicas, y las que podrían bajar sus persianas si no se resuelve la actual crisis económica por la que atraviesa el sector, habría menos efectores para atender a los pacientes post pandemia. Y máxime si se tiene en cuenta que la mayoría de ellas atienden a jubilados y empleados públicos.
“Por el atraso de muchos tratamientos y cirugías, se va a formar un cuello de botella sanitario y financiero”, anticipó el doctor Pablo Figueroa, gerente médico del Grupo Figueroa Paredes Salud e integrante de CAPRESCO.
El profesional le explicó a Infobae que el “cuello de botella sanitario” es porque “se vienen acumulando casos y pacientes que no se atendieron durante 18 meses”. A partir de la baja de casos y de internación por COVID-19, y con el avance de la vacunación, “dentro de unos meses, todos esos pacientes que demoraron sus tratamientos y consultas van a venir a atenderse”.
La complicación financiera se profundizará porque “no se actualizaron valores de prestación, entonces muchos se funden; de las afiliadas a CAPRESCO, en un año y medio cerraron 11 clínicas y seguramente otras seguirán el mismo camino. Y las que quedan en pie no pueden expandirse para absorber esos pacientes ampliando camas. Es un combo sanitario y financiero que afecta al AMBA, el área más poblada del país”.
-¿Y los empleadores, es decir las clínicas, los sanatorios privados, podrán pagar los sueldos con el aumento que consigan los trabajadores en paritarias?
– Desde las clínicas se reconoce el atraso de los salarios y se busca mejorarlos, pero al no tener actualizaciones lógicas por lo que se cobra por prestación, sumado a la inflación y al aumento de costos COVID, se hace muy difícil.
Según Figueróa, “la crisis financiera hace que las empresas no autoricen cirugías y demoren tanto la entrega de materiales para tratar pacientes con trauma, como la entrega de medicación. Todo entra en una burocracia de auditorías, solicitud de justificativos que hacen que salga damnificado el paciente”.
Ante este esquema de emergencia económica, en el sector de salud privada se ven perjudicados en varios sentidos quienes necesitan asistencia médica; por ejemplo, los turnos para atenciones pueden dilatarse entre de 30 a 90 días.
Los pacientes también se ven obligados a abonar copagos por atención a domicilio, de urgencia o especialidades, ya que, según Figueroa, “los prestadores cubren así los costos para sostener a sus equipos profesionales”. En definitiva, es una situación que trae mayor vulnerabilidad y menor equidad en el sistema.
