Los dos delitos por los que imputaron en la causa los fiscales que seleccionó el procurador general Jorge Canteros fueron enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos.
Las imputaciones surgen por una investigación iniciada por el fiscal federal Patricio Sabadini, quien por un relevamiento de Prefectura Naval en la guardería de Antequeras, detectó cinco lanchas a nombre de una misma persona. Una denuncia anónima guio las sospechas de la Justicia.
Las medidas se dan en las horas previas al anuncio de Peppo sobre una serie de medidas de mayor control del gasto y transparencia. Esto será su primer pronunciamiento oficial -más allá de declaraciones radiales- tras el sacudón institucional generado por la investigación de la Justicia Federal que derivó en la renuncia de Rey y Lugo, ahora con orden de detención.
El viernes último, el gobernador Domingo Peppo, separó de sus cargos a Rey, Lugo y también a los empleados Susana Fernández e Ismael Fernández. Antes de viajar a Estados Unidos en una misión oficial, Peppo dijo que la medida fue para facilitar la investigación por el presunto caso de lavado activos que inició la justicia federal.
Se indicó que el fiscal Sabadini continuó con los allanamientos, y encontró otra embarcación náutica en una causa en la que «continúan las investigaciones preliminares», en la jurisdicción de la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger.
En esta causa, el fiscal trata de establecer la vinculación de Rey, Lugo y los hermanos Fernández con Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo, Mónica Viviana Yaczuk, Hugo Orlando Rey, Facundo Edgardo Marcelo Gil y Walter Rolando Retamozo.
En declaraciones radiales desde Washington, Peppo dijo: «Nunca avalé la corrupción», y adelantó que tras su regreso a Chaco anunciará medidas de contención del gasto público y de «transparencia» de la gestión.
Ámbito
