La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó como «cruel e incoherente» al gobierno de Mauricio Macri, en referencia a la decisión del Gobierno de recomendar la prisión domiciliaria o libertad condicional a una lista de 1.111 presos, entre ellos varios condenados por delitos de lesa humanidad.
La referente en derechos humanos manifestó su rechazo a la posible concesión del beneficio a los represores al señalar que «quieren ponerlos como personas victimizadas, cuando en realidad fueron ellos los que victimizaron a nuestros hijos».
«Esta gente son viejos peligrosos, son personas que tienen que estar cumpliendo a ultranza su condena», sostuvo Carlotto en diálogo con radio FM La Patriada.
Las críticas refieren al listado que elaboró el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a fines de enero, y que reveló Infobae, en el que recomienda la colocación de una «tobillera electrónica» u otorgar la prisión domiciliaria a más de un millar de detenidos, que van desde los represores a «internos comunes mayores de 70 años», «nómina de internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)», «discapacitados», «internas alojadas con hijos de hasta 10 años», violadores, entre otros.
En ese grupo figuran los «internos de lesa humanidad mayores de 70 años» que están en condiciones de acceder al beneficio de la pulsera electrónica. En total son unos los 96 condenados «recomendados» por el Gobierno.
«No queremos sembrar miedo y odio. La Justicia tiene que actuar, y actuó. Tienen que cumplir la condena completa», afirmó.
Sobre las condenas por lesa humanidad, Carlotto afirmó que «no» se trata de ilícitos» comunes donde se comenten delitos aberrantes». «Estamos hablando de un crimen que afectó a la humanidad, a 30 mil personas o más. Hubo un plan sistemático, campos de concentración, torturas espantosas. Han asesinado niños. Es gente que se vanagloria de lo que hizo, no se arrepienten», fustigó.
«Para Macri los derechos humanos son un curro, por eso no nos sorprende que quiera liberar a genocidas», planteó.
Carlotto también calificó de «disparate» que el Gobierno impulse la creación de un parque nacional en Campo de Mayo, ubicado en el partido de San Miguel. Es que en la guarnición militar funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, donde se cometieron violaciones a los derechos humanos. Hoy es un sitio de memoria a la víctimas.
«Es un lugar intocable, puede estar los cuerpos de desaparecidos que fueron asesinados en Campo de Mayo. Y fueron miles», consideró Carlotto. «Es un lugar en protección como lugar de memoria, y la memoria no la tenemos completa porque hay miles de desaparecidos que puede estar en ese terreno», agregó.
En su opinión, la intención del Gobierno «es transformar ese espacio para construir countries», porque es un «negocio redondo». «Es para que los señores que tienen dinero y se burlan de nosotros, y de nuestro dolor, y lo disfruten. Mientras están bajo el resto de nuestros hijos que buscamos. Eso es muy cruel», concluyó.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, aclaró que «las áreas que tengan que ver con la memoria, la verdad y la justicia no serán tocadas y su preservación quedará asegurada».
Sin embargo, para los organismos de derechos humanos la preservación buscada no es tal. «Nos preocupa que una iniciativa tan vinculada a la garantía del proceso de Memoria, Verdad y Justicia no haya sido consultada con los familiares de las víctimas que pasaron por ese centro de tortura y muerte, que hoy el presidente propone como espacio de esparcimiento», lamentaron a través de un comunicado.
