Las primeras dosis de este, con el que la Argentina y México cerraron un acuerdo para abastecer a la América hispana, podrían estar listas a partir de noviembre. El contrato europeo establece una adquisición inicial de 300 millones de dosis para sus países miembros, con opción a 100 millones más.
Mientras, en el apuro por desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus, los laboratorios buscan protegerse y ejercen presión sobre los gobiernos europeos para que compartan los riesgos financieros en caso de demandas por efectos secundarios indeseables.
El 27 de agosto la CE firmó, en nombre de los 27 países del bloque, un primer contrato con la británica AstraZeneca para la compra de cientos de millones de dosis tan pronto como la vacuna esté disponible.
En tanto, continúan las conversaciones con el grupo franco-británico Sanofi-GSK, el estadounidense Johnson&Johnson, el alemán CureVac y el estadounidense Moderna.
Los grupos farmacéuticos esperan encontrar una vacuna en un plazo mucho menor que lo habitual, de entre 12 y 18 meses, en lugar de diez años o más.
En esas condiciones no se pueden estudiar plenamente los efectos secundarios indeseables y, en particular ,los de medio o largo plazo, lo que podría abrir la puerta a reclamos o demandas de indemnización por parte de pacientes.
Ante esta situación sin precedentes, los gobiernos -enfrentados a un virus que amenaza a sus poblaciones y ha hundido sus economías- se han comprometido con una participación financiera.
“Para compensar los altos riesgos asumidos por los laboratorios, los contratos de compra anticipada prevén que los estados de la UE compensen a los fabricantes por sus responsabilidades en determinadas condiciones”, anunció el ejecutivo europeo.
En Estados Unidos la Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Avanzados en el Campo Biomédico (BARDA), que depende del Departamento de Salud, “se está movilizando rápidamente” y “colaborando con la industria” para “asegurar que la capacidad de producción se cumpla y los riesgos sean compartidos”, comentó en esa oportunidad.
La Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA) -que incluye a nombres de peso como Sanofi, GSK, Johnson&Johnson o AstraZeneca- y Vaccines Europe -que nuclea los laboratorios especializados en vacunas-, explicaron que están “en discusión con las autoridades europeas” para desarrollar un sistema de compensación en caso de efectos secundarios.
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