Alberto Fernández se embarcó en la negociación con Pfizer por sugerencia de Ginés González García. El Presidente aceptó la perspectiva del ministro de Salud y ejerció su poder para facilitar que Pfizer entregara millones de dosis de la futura vacuna contra el COVID-19 antes de fin de año. Pero González García cometió mala praxis política y la compañía farmacéutica de los Estados Unidos decidió privilegiar otros mercados en América Latina.
A principios de julio, el jefe de Estado recibió en Olivos al gerente general de Pfizer, Nicolás Vaquer, y quedó expectante por una noticia que escuchó de Fernando Polack, director científico de la Fundación INFANT. Polack, que está en contacto con Pfizer y participó del cónclave, adelantó a Alberto Fernández que la Argentina había sido seleccionada para una de las pruebas técnicas de una posible vacuna del COVID-19.
El Presidente ya sabía que no alcanzaba con la cuarentena obligatoria y buscaba una solución farmacéutica para acotar los estragos futuros de la pandemia. Tras chatear varias veces con Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, Alberto Fernández asumió que la única solución era comprar vacunas antes de su aprobación legal para escapar de la ola de demandas que cruzaría el globo de norte a sur.
Entonces, la oferta de Pfizer aparecía con una solución probable -más aún con la decisión empresarial de avalar pruebas técnicas en el país-, y aplicó toda su decisión política por consejo técnico del ministro González García.
En este contexto, Alberto Fernández envió y forzó la rápida aprobación de una Ley de Vacunas a la medida de las exigencias jurídicas de Pfizer. Esa iniciativa legal, sancionada en la Cámara de Senadores a fines de octubre, establece lo siguiente:
1. Se faculta al Poder Ejecutivo a incluir en los contratos para la adquisición de vacunas cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales extranjeros y de renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana respecto de los reclamos que se pudieren producir en dicha jurisdicción y con relación a esa adquisició.
2. Se faculta al Poder Ejecutivo a incluir cláusulas de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos
3. Se faculta al Poder Ejecutivo a incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas contra el COVID-19, de conformidad con las leyes 27.275 de Acceso a la Información Pública, 26.529 de Derechos del Paciente, y normas concordantes, complementarias y modificatorias
Todas estas normas vigentes implican un paraguas legal para Pfizer que Alberto Fernández avaló y el Congreso votó para lograr que Argentina acceda sin dilaciones a la vacuna contra el COVID-19.
Sin embargo, y pese a los gestos políticos del Gobierno, la negociación con Pfizer se empantanó en las últimas semanas. La vacuna de Pfizer debe mantenerse por debajo de los 70 grados bajo cero, y esa información clave era manejada por González García cuando sugirió al Presidente que negociara con la compañía farmacéutica de los Estados Unidos.
Argentina no tiene infraestructura para mantener estable la vacuna de Pfizer en el conurbano y menos aún para organizar un traslado de millones de dosis al interior del país. Se necesitan aviones con sistemas a base de nitrógeno y voluminosas heladeras que mantengan las vacunas a – 70 ºC.
Sin esta logística, la vacuna de Pfizer se transforma en un artilugio farmacéutico con final abierto. Y sus representantes legales entonces plantearon al ministro de Salud que necesitaban una nueva protección jurídica ante la endeble infraestructura estatal de la Argentina.
Como el Gobierno no puede garantizar que la vacuna llegue en condiciones técnicas normales a las provincias, Pfizer solicitó un nuevo contrato que estableciera las responsabilidades respecto a los daños físicos causados por la aplicación de una dosis que no se preservó por debajo de los 70 grados bajo cero.
Alberto Fernández no puede firmar ese contrato porque no tiene posibilidades de garantizar la estabilidad de las vacunas que se apliquen en Formosa, Jujuy, Salta o Santiago del Estero, por citar cuatro casos obvios.
El Presidente es un experto de derecho penal y conoce cómo funciona el poder en la Argentina. Los pollos de Mazzorín podrían ser una anécdota política frente al escándalo de comprar 3 millones de vacunas de Pfizer que terminan destruidas porque se rompió la cadena de frío y ya no se pueden aplicar a los seres humanos.
“En la negociación se nos pidió una ley que les diera inmunidad, esa ley salió. Después, desde la casa central de Pfizer en EEUU decían que esa ley no era suficiente, que había que hacer una nueva ley, y además que el contrato no lo firmara yo sino el Presidente; son condiciones un poco inaceptables”, dijo González García en conferencia de prensa.
El ministro obvió dos consideraciones claves: nunca reveló por qué Pfizer quiere una nueva ley y tampoco explicó por qué exigen la firma de Alberto Fernández. La empresa de los Estados Unidos pretende otra iniciativa para deslindar responsabilidades respecto a la cadena de frío y desean la firma del jefe de Estado para tener más robusta la seguridad jurídica ante eventuales juicios penales.
Alberto Fernández tiene aprecio personal por González García, pero observa con muchísima atención su capacidad política como ministro de Salud. El caso Pfizer puede concluir en un fracaso de gestión para el Presidente, ya que González García sugirió la negociación y no tuvo en cuenta todos sus aspectos legales y logísticos.
Asimismo, el ministro de Salud sugirió que es poco probable que aterricen en Buenos Aires las 350.000 vacunas rusas que prometió Alberto Fernández para antes de navidad. Esa opinión de González García descolocó a la comisión oficial que está en Moscú para garantizar que las vacunas Sputnik V lleguen en tiempo y forma.
“Nos sorprendió lo de Ginés. Aquí todos creemos que las vacunas llegarán como anunció el Presidente”, aseguraron a Infobae desde la capital de Rusia.
El ministro de Salud erosionó la imagen pública de Alberto Fernández. Es poco probable que cierre el contrato con Pfizer y puso en duda la palabra presidencial respecto a la provisión de vacunas rusas para aplicar a los trabajadores esenciales en los últimos días del 2020.
Dos opiniones al menos desafortunadas cuando se encendieron todas las alarmas por un eventual rebrote del COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
