El fiscal federal Federico Delgado apeló el sobreseimiento del jefe de Gabinete, Marcos Peña, al considerar «prematura» la desestimación de la denuncia por presunto uso delictivo de la base de datos que tiene la AFIP sobre los ciudadanos, con el objetivo de utilizarla como herramienta para campañas de comunicación pública.
Delgado pidió la continuidad de la investigación al afirmar que el juez Sebastián Casanello, quien rechazó la denuncia penal contra Peña, impidió realizar un análisis de la decisión tomada por Poder Ejecutivo ya que se basó únicamente en «especulaciones y adjetivos», en vez de hacerlo a partir de elementos de prueba, «única base material que permite cerrar un proceso del modo en que se hizo».
Para el funcionario judicial, Casanello «no estudió» ni cumplió con los pasos procesales correspondientes para determinar si la decisión conjunta de la Jefatura de Gabinete, la ANSeS y la Secretaría de Comunicación «contravino el régimen de protección de datos personales», señala el texto al que tuvo acceso Infobae.
Entre esos procedimientos señalados incumplidos, Delgado precisó que el juez no dirimió la tensión entre la ley y la resolución para utilizar los datos de la ANSeS, ni tampoco convocó «una opinión a los expertos del Estado, más dos opiniones independientes».
De acuerdo a las críticas de la oposición y la presentación del fiscal, el acto de utilizar la base informativa del organismo previsional infringe el «derecho a la privacidad» de las personas, por lo que Peña y el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, habrían cometido un «abuso de autoridad» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Para Casanello, sin embargo, la normativa no viola «de por sí» la ley que custodia los datos personales, aunque advirtió que otra cosa es «el buen o mal uso que a futuro los funcionarios hagan de esos instrumentos».
