Fracasaron las negociaciones entre Walmart y el Sindicato de Camioneros. Este jueves, tuvo lugar la última audiencia entre ambas partes en el Ministerio de Trabajo, pero no hubo avances para llegar a un acuerdo ante el reclamo sindical de echar, indemnizar y volver a contratar a unos 500 empleados del centro de distribución en Cuartel V, Moreno, provincia de Buenos Aires.
Como ya está vencidos todos los plazos de la conciliación obligatoria que dispuso Trabajo, el gremio liderado por Hugo y Pablo Moyano decidirá la realización de un paro, como amenazó en las últimas horas, o la reanudación del trabajo a reglamento que cumplía cuando estalló el conflicto.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, resolvió la conciliación obligatoria el 25 de marzo pasado, que implica la negociación durante 15 días en el ámbito de la cartera laboral, pero se extendió cinco días más, hasta el viernes pasado, porque empresarios y sindicalistas se mantenían en su postura. Aun así, aceptaron la propuesta de realizar otra audiencia el lunes, que se postergó hasta este jueves.
En los contactos informales entre ambas partes se hablaba de la posibilidad de pagar un bono a los empleados del centro de distribución porque la fórmula de echar, indemnizar y volver a contratar “está fuera de la legislación vigente”, según lo advirtieron voceros de la empresa.
El gremio liderado por Hugo y Pablo Moyano exige desde 1998 ese resarcimiento a los empleados de nuevas concesiones de servicios o de empresas que cambian de dueños, mientras que la empresa que compró Francisco de Narváez en 2020 argumenta que sólo hubo cambio de accionistas, con el mismo CUIT, y advierte: “No podemos negociar algo que no está en la ley”.
Tras la negativa, el sindicato comenzó a trabajar a reglamento y a realizar “otras medidas de fuerza encubiertas” que “derivaron en una caída del 75% en la distribución de alimentos básicos y en un desabastecimiento de productos esenciales a más de 1.000.000 de familias en todo el país”, según una solicitada de Walmart del 25 de marzo, con el título “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.
Para el gremio de los Moyano, el tipo de reclamo efectuado a Walmart “comenzó en 1998 con Manliba y desde entonces se aplicó en empresas de recolección de residuos, logística, correos y aguas gaseosas, y el último antecedente fue una distribuidora de bebidas en Formosa, siempre con los acuerdos homologados en el Ministerio de Trabajo”.
“Estas propuestas se generan cuando hay un traspaso de manos en una empresa o cuando se van del país compañías internacionales y viene un nuevo dueño del que no se conoce su solvencia ni sus antecedentes -explicó a Infobae un dirigente de Camioneros-, entonces indemniza a los trabajadores y los vuelve a contratar porque se genera una incertidumbre terrible”.
En rigor, se trata de un planteo insostenible desde el punto de vista legal, pero que en el mundo empresarial ya se conoce como “la ley Moyano” y que fue el eje de numerosos reclamos del gremio desde 1998, cuando finalizó la concesión de Manliba, empresa del Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, para la recolección de residuos en la Capital Federal y los empleados de aquella firma terminaron desempeñándose en otras empresas o con otras condiciones de trabajo.
El pedido de echar, indemnizar y volver a contratar quedó pendiente hasta que Mauricio Macri, ya como jefe de Gobierno y aspiraciones de un proyecto político, impulsó en 2012 en la Legislatura porteña la aprobación de un bono por 220 millones de pesos para pagarles la indemnización a los recolectores de residuos por cada cambio de concesión desde que fue Manliba.
Desde entonces, la “ley Moyano” se impuso no sólo en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura sino también en una distribuidora de la cervecería Quilmes (81 empleados) y en filiales locales de empresas internacionales como DHL (donde 75 personas pasaron a Exo Logística) y FedEx (que absorbió a 100 trabajadores de TNT Argentina y les pagó la antigüedad y el 100% de las indemnizaciones en una cuota).
Moroni dijo públicamente que “no hay ninguna norma que obligue a la empresa a pagar” lo que le estaban exigiendo a Walmart, lo que originó duras críticas de Pablo Moyano, quien lo calificó de “ministro seudoperonista” y dijo no saber “si habla a favor de los empresarios”.
