«No era su primera campaña. Ya tenía experiencia como candidato«, agregó la presidenta del tribunal Caroline Viguier, que le impuso un año de prisión, aunque le permite, según los medios, cumplirlo a domicilio con una pulsera electrónica.
Sarkozy, de 66 años, se convirtió en marzo en el primer expresidente de la Quinta República (régimen iniciado en 1958) en ser sentenciado a prisión firme por corrupción y tráfico de influencias en otro caso. Su defensa recurrió el fallo.
La condena de este jueves, que el expresidente francés también recurrirá, se produce en el llamado caso Bygmalion, que se sumergió en las cuentas de la campaña de la presidencial de 2012, que el entonces mandatario perdió contra el socialista François Hollande.
El tribunal le impuso la pena máxima y el doble de lo que la fiscalía reclamó al término del juicio a mediados de año por una campaña de «espectáculos a la estadounidense», en la que dejaba pasar los gastos sin preocuparse de ellos.
Este exceso de gastos se habría ocultado a continuación en un montaje financiero entre el partido oficialista Unión por un Movimiento Popular (UMP) -actualmente Los Republicanos- y la empresa que organizó los eventos, Bygmalion.
A diferencia de las otros 13 acusados, a los que se les impuso penas de 2 a 3 años y medio de prisión, a Sarkozy no se le acusó del sistema de doble contabilidad puesto en marcha, sino de «financiación ilegal de campaña».
Según la acusación, durante la campaña electoral de 2012, se gastaron 42,8 millones de euros (unos 49,6 millones de dólares al cambio actual), casi el doble del límite legal.
«Es un cuento», aseguró Sarkozy durante el juicio. «Me gustaría que me expliquen en qué hice más campaña en 2012 que en 2007. ¡Es falso!», agregó. Su defensa había pedido la absolución, ya que «no firmó ninguna factura».
El exmandatario también tiene abiertos otros procesos. La justicia lo acusa de corrupción pasiva y asociación criminal, entre otros delitos, por la presunta financiación libia de su campaña de 2007 que lo llevó al Elíseo.
La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) lo investiga además por tráfico de influencias y blanqueo de un crimen o un delito, en relación con sus actividades de asesoramiento en Rusia.
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