En medio de promesas del presidente Lenin Moreno de volver a la capital y una nube espesa de gases lacrimógenos que inunda las angostas calles que rodean el centro histórico, decenas de miles de indígenas profundizaron hoy sus protestas y marcharon hacia el corazón militarizado de Quito y frente al Palacio de la Presidencia de Ecuador.
Pese a la tensión que dejó una nueva noche de represión con más de 600 detenidos, el Gobierno anunció un aumento del pasaje de colectivo urbano, que pasa de 0,25 a 0,35 dólares, uno de los incrementos que los manifestantes y la cúpula del movimiento indígena citaron como una de las causas de las protestas en los últimos días.
Los manifestantes piden al gobierno que deje sin efecto las medidas económicas anunciadas la semana pasada, que incluyeron la eliminación del subsidio estatal, que regía desde hace más de 40 años, a varios combustibles; por lo que pasaron de costar 1,85 dólares a 2,39 por galón (3,78 litros), mientras, el diésel subió de 1,03 dólares a 2,29, un aumento del 123%.
Aunque el malestar de estos sectores sociales con el gobierno de Moreno no comenzó la semana pasada, su decisión de eliminar por completo los subsidios a los combustibles radicalizó su oposición, una medida enmarcada en el programa de reestructuración del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La eliminación de los subsidios, que regían desde hace más de 40 años, llevó el precio de la nafta de 1,85 dólares el galón (3,78 litros) a 2,39, y el diésel, de 1,03 dólares a 2,29, un aumento del 123%.
Los manifestantes también exigen que no sea enviado al Parlamento el paquete de reformas laborales y tributarias que anunció Moreno, incluida en el acuerdo de ajuste firmado con el FMI y advierten que la movilización sólo culminará con el fin del «paquetazo».
Desde el lunes, los manifestantes comenzaron a llegar por miles a la ciudad capital, en respuesta al llamado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayoría de ellos provenientes de las provincias de la región Sierra y Amazonia, a los que se sumaron estudiantes de varias universidades y miembros de organizaciones sociales del país.
Las clases fueron suspendidas en todo el país y, pese a la promesa del gobierno de reanudarlas, aún no lo consiguió. El Ministerio de Educación informó que las clases se mantienen suspendidas en todo el territorio nacional hasta una nueva disposición, con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes.
En paralelo, el presidente Lenin abandonó la capital e instaló la sede del gobierno en la ciudad de Guayaquil, el corazón económico del país y tradicional bastión de la centro derecha.
Los manifestantes denuncian que las medidas «golpean fuertemente el costo de vida de los ecuatorianos en condiciones más vulnerables».
Desde allí y mientras la masiva columna de indígenas cruzaba Quito y se acercaba al militarizado centro histórico, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó en una rueda de prensa que el presidente Moreno, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y ella se trasladarán a la capital «en unos minutos para supervisar, monitorear las cosas».
Aún no había ninguna noticia de la llegada del presidente y sus ministros, cuando el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, aseguró, en una nueva cadena nacional, desde Guayaquil, que están «logrando frenar» las protestas.
«Gracias al esfuerzo de todos, gracias a lo que hacemos en conjunto con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con los municipios del país estamos logrando frenar esta pretensión de desestabilizar al gobierno nacional por parte de grupos políticos organizados y enfocados en hacerle daño a Ecuador», dijo, citado por la agencia de noticias EFE.
Caos y represión en las calles
Mientras tanto, en Quito, las escenas era de caos, represión y violencia.
Lejos de disolverse las manifestaciones, los gases lacrimógenos y los enfrentamientos con la Policía, una parte de la columna principal de la marcha logró llegar a la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet, la sede del gobierno, evacuada el lunes pasado.
En los alrededores, en las angostas calles que caracterizan la parte vieja de la ciudad, la escena, por momentos, era de batallas campales entre la Policía y grupos de manifestantes que respondían a los gases con piedras.
En ese contexto, la Cruz Roja Ecuatoriana anunció que dejaba de operar en la zona «por falta de garantías», según un comunicado difundido por la organización.
Horas antes, una figura que el presidente Moreno señaló como el cerebro detrás de las protestas pero que el movimiento indígena rechaza y hasta repudia, el exmandatario Rafael Correa, había pedido nuevamente elecciones anticipadas como una solución a la crisis.
«Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron para ser Presidente porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional, pero de vicepresidente para abajo, yo no tengo ningún problema para participar», indicó en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, al que fue invitado por la bancada de Izquierda Unida.
Para él, las autoridades ecuatorianas «van a crear esos problemas, van a buscar cómo impedir mi participación porque saben que los derrotamos».
- Pese a que ayer el mandatario endureció el estado de excepción (toque de queda) y restringió por decreto la libertad de circular «en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas» entre las 20 y las 5 de la mañana siguiente por 30 días, la Conaie ratifico la «permanencia de la movilización nacional» en un comunicado publicado hoy en su perfil de Twitter.
- Hasta ahora, dos personas murieron por razones asociadas al estallido social y más de 600 fueron detenidas, de acuerdo con informes oficiales.
