El ministro de Justicia, Germán Garavano, advirtió hoy que las tomas de escuelas secundarias porteñas contra la reforma educativa constituyen «una ilegalidad», al tiempo que alertó que la interpretación de la jueza Elena Liberatori sobre que la ocupación es un derecho constitucional está «totalmente desacertada».
El ministro, además, dijo que los estudiantes que toman los colegios son un «porcentaje mínimo» del total de los alumnos y exhortó a los adolescentes que concretan las ocupaciones a que exploren «caminos de diálogo».
«Es una ilegalidad; es algo que al menos yo repudio», respondió Garavano cuando por radio La Red se le pidió una opinión respecto de la toma de unas 30 escuelas secundarias en la ciudad de Buenos Aires y agregó: «Hay un montón de otras maneras de manifestar una protesta, de tratar de generar caminos de diálogo».
El funcionario nacional, en esa línea, advirtió que «la pérdida de clases no es el camino» para reclamar y alertó que «un porcentaje mínimo» de los estudiantes aplica la medida.
«Incluso en colegios como el Nacional de Buenos Aires, quienes están comprometidos con la toma son una parte muy chica de los alumnos y perjudican a decenas de miles de compañeros que deberían estar estudiando», cuestionó Garavano.
La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Elena Liberatori, el 14 de septiembre suspendió mediante una medida cautelar la aplicación de un instructivo para casos de alumnos que tomen establecimientos por reclamos relativos a la política educativa o problemas edilicios, entre otros. El Gobierno porteño, no obstante, aclaró entonces que ese instructivo no había sido enviado desde ninguna dependencia oficial.
En su fallo, Liberatori además entendió que los estudiantes que ocupan colegios «están haciendo uso de sus derechos constitucionales». «La conozco a la doctora Liberatori. Es un error. La jueza Liberatori tiene varios pronunciamientos en este sentido, en una línea que yo no comparto: me parece totalmente desacertada», afirmó hoy Garavano.
El ministro argumentó que «no se trata de reprimir, de usar la fuerza, pero sí se trata de enmarcar esto como un acto irregular, un acto ilegal».
Fuente: DyN
