Dos señales en simultáneo dan en estas horas desde el Gobierno, la CGT y las organizaciones empresariales sobre la cita tripartita finalmente concretada ayer: una habla de avances en un clima de negociación global; otra, de cierta incertidumbre sobre el principio de acuerdo para compensar el ajuste. Quedó perfilada la implementación de un bono de 5.000 pesos para sumar a los salarios en noviembre y enero. Más impreciso sería el mecanismo para frenar despidos. «Hay que ver la letra chica», decían voceros sindicales y empresarios a la espera de las normas concretas. Deberán ser resueltas con rapidez.
De todos modos, pareció quedar en claro que las conversaciones en una sede gremial (Sanidad) y no en un despacho oficial estuvieron cruzadas por la necesidad de cerrar algún trato ya no sólo frente al paro que vienen conversando los jefes sindicales, sino para evitar mayores tensiones sociales en lo que resta del año. Es una tarea que el Gobierno desarrolla en continuado con las organizaciones sociales y con otras entidades, entre ellas la Iglesia, más allá de malestares –incluso internos- y discursos eclesiásticos. El capítulo sindical venía más complicado.
Ahora, los tiempos dejan menos margen. Y según se dejó trascender, hoy mismo seguirían los contactos para definir las características del bono. Los participantes de la mesa de conversaciones marcaron ciertos límites sobre lo que falta negociar. Desde la CGT, precisaron que debería ser instrumentado por decreto para garantizar su alcance efectivo y general.
Voceros empresariales advirtieron sobre las distintas realidades de las empresas frente a la crisis, por rubro y por volumen. Y el comunicado oficial aludió a la necesidad de contemplar «la situación de cada sector».
La conducción cegetista midió bien sus pasos. Expuso en la superficie el ejercicio de negociaciones que mantiene con el Gobierno, a pesar de los vaivenes y de algunos crujidos de reacomodamiento en el fusionado ministerio de Producción y Trabajo. También, en medio de sus propias internas con el conglomerado que encabeza Hugo Moyano. De todos modos, el jefe de los camioneros negoció su paritaria y el visto bueno oficial de manera menos visible: otra cosa es el tono de dureza y por momentos amenazante, que refiere a su propio horizonte judicial.
Los jefes de la CGT plantearon sus reclamos jugando con los tiempos de sus decisiones. Mañana se reunirá el Consejo Directivo para evaluar el diálogo, pero con agenda que mantiene abierta el muy conversado punto de un nuevo paro –el quinto durante la gestión macrista, si se concreta-, aún de perfil indefinido en cuanto a fecha y características.
Frente a sus interlocutores, y también como gesto hacia el interior del gremialismo, alrededor de la mesa se sentaron no sólo el dúo de conducción que sobrevive al triunvirato, es decir Héctor Daer (anfitrión) y Carlos Acuña, sino además representantes del entramado que sostiene a la conducción cegetista. Estuvieron dirigentes de la UOCRA, UTA, La Fraternidad, estatales de UPCN, gastronómicos, Comercio, municipales y empleados del Seguro, entre otros. Es decir, jefes de los grupos definidos como gordos, independientes, no alineados y barrionuevistas.
La delegación empresarial, que en principio se pensaba más acotada, fue encabezada por la UIA y sumó a entidades de actividades especialmente sensibles frente a la delicada situación de la economía: alimenticias, comercio, construcción y pymes.
Para varios sectores de la producción y de servicios –más aún, los de menor envergadura-,un renglón destacado es el sostenimiento de los puestos de trabajo. Los jefes de la CGT reclaman a las empresas, y al mismo tiempo junto a ellas demandan al Gobierno. Ninguno cree seriamente en algún tipo de norma antidespido.
La idea que sobrevoló este encuentro formal tripartido es la de establecer –en rigor, revitalizar- los mecanismos para frenar o atenuar decisiones de reducción de plantas. Informar debidamente a Trabajo y justificar recortes; ese sería un paso. Pero la cuestión de fondo es darle mayor volumen a los programas de Recuperación Productiva, que garantizan en parte los salarios. Es una asistencia que naturalmente crece como demanda en períodos recesivos: las solicitudes también están llegando desde diversas provincias.
Menos énfasis estuvo puesto en las paritarias. De hecho, las negociaciones salariales en continuado son un signo laboral de este año. Varios gremios –independientemente de su alineamiento en la interna- ya anotaron arreglos que oscilan en el 40 por ciento. Judiciales, sanidad, bancarios, camioneros y algunos petroleros integran esa lista. Y se vienen construcción, estatales, comercio y colectiveros, entre otros.
Hubo también jugadas al menos llamativas en estos días. Una alude a sectores empresariales: dicen que desde esa vereda habrían vuelto a apuntar contra Jorge Triaca, esta vez buscado canalizar presiones por intermedio de Dante Sica. Eso, aprovechando las tensiones que produjo la fusión ministerial. En medios oficiales, dicen que ahora las relaciones están acomodadas.
No fue el único dato. Otra movida fue adjudicada a los camioneros. La versión afirma que desde las cercanías de Moyano habrían motorizado una denuncia sobre irregularidades en la intervención del sindicato de vigiladores privados. En Trabajo rechazan la acusación, que llegó a la Justicia, y hablan de una operación, aunque prefieren no hablar en público del origen.
Como sea, parecen facturas de otro talonario, en medio de una negociación avanzada pero aún con final impreciso. Y tiempos restringidos.
