“Si usted tiene una vivienda principal, tiene derecho a alquilarla hasta 120 días al año. Si tiene una residencia secundaria, no tiene derecho a alquilarla, salvo que disponga de una autorización excepcional vinculada a un mecanismo de compensación”, precisa.
En el vestíbulo del edificio, los funcionarios tocan timbre, sin respuesta. Todavía es temprano, poco más de las 9. “Hay que interceptar a los turistas antes de que salgan a visitar la ciudad”, indica Simon.
Justo entonces, los agentes paran a dos turistas australianos que bajan las escaleras. Estos confirman que alquilan uno de los pisos, y tras examinar la reserva, los funcionarios establecen la conexión con uno de los pisos sospechosos. Junto a la puerta de cada apartamento del edificio, las pequeñas cajas de seguridad para que los turistas puedan recuperar de forma autónoma las llaves confirman el fraude.
Es la primera fase de la inspección. “Tras las visitas, realizamos análisis más detallados. También nos ponemos en contacto con los propietarios, que nos dan sus argumentos, y luego remitimos el asunto a la Justicia”, explica Jean-David. Bajo un porche de la calle Dauphine, los agentes llevan a cabo la segunda parte de su misión, dejando un aviso en cada buzón junto con un folleto que recuerda la legislación.
A falta de pruebas contundentes, los funcionarios preguntan a los vecinos. Claire, residente en el 6º y último piso, insiste en que el edificio es “un AirBnb”, y “funciona todo el año”.
Es probable que estas molestias se intensifiquen con la llegada de los Juegos Olímpicos, celebrados en la capital en el verano boreal de 2024, pero “la idea es no relajar la presión”, asegura Ian Brossat.
“No queremos que las viviendas se conviertan en hoteles clandestinos alquilados todo el año a turistas. Eso nos priva de viviendas en una ciudad que ya carece desesperadamente de alojamiento para sus trabajadores”, considera.
En 2022, el ayuntamiento de París recaudó casi 2,5 millones de euros en multas.
Agencia AFP
