La Cámara Federal se apresta a definir en los próximos días si confirma los primeros procesamientos dictados en la causa de los cuadernos de las coimas K, el escándalo que estalló hace tres meses y medio y dejó al descubierto los pagos ilegales que se habrían hecho detrás de los negocios del Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015 para engordar bolsillos personales y políticos.
Allí sabrán su suerte la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta; los arrepentidos José López, Claudio Uberti y Ernesto Clarens; y los empresarios como Angelo Calcaterra, Carlos Wagner, José Chediack, Enrique Pescarmona, Aldo Roggio y Luis Betnazza, entre otros. También el propio Oscar Centeno, autor de los cuadernos; y otros personajes que aparecieron, según la causa, recibiendo dinero como el ex juez Norberto Oyarbide. El juez Claudio Bonadio los había considerado a todos parte de la misma asociación ilicita y les había trabado por igual embargos de 4 mil millones de pesos a cada uno.
En tribunales, que Cristina Kirchner y Julio De Vido lleguen a ver confirmados sus procesamientos parece ya no ser noticia, pero la expectativa está en saber qué pasará con los empresarios que confesaron haber pagado las coimas, según aseguró la mayoría de ellos en sus declaraciones como arrepentidos.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los encargados de analizar esta cuestión desde el segundo piso de los tribunales, definirían por estas horas si los hombres de negocios formaron parte de la banda que, según el juez Bonadio, encabezó la propia Cristina Kirchner, De Vido y Baratta, y que integraron el resto de los ex funcionarios y empresarios involucrados.
Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, antes de llegar a esta decisión, los jueces deberán responder a los primeros cuestionamientos sobre el inicio de la causa, la forma en la que Bonadio se quedó con la investigación y las circunstancias en las que las fotocopias de las anotaciones del chofer Oscar Centeno llegaron al fiscal Carlos Stornelli, de manos del periodista Diego Cabot, de La Nación, que a su vez las recibió de un presunto amigo de Centeno que las tenía bajo su custodia.
Todo eso fue una discusión crucial en los primeros días de agosto, cuando la sociedad supo de la existencia de esta investigación con las órdenes de detención que disparó Bonadio, pero fueron desinflándose a medida que los empresarios comenzaron a desfilar por el quinto piso de tribunales para admitir los pagos, firmando acuerdos de colaboración que lograran alejarlos de la cárcel, después de haber pasado unos días tras las rejas o bajo el fantasma de que una celda fuera su inmediato alojamiento.
Precisamente, otra de las cuestiones que la Cámara Federal estudiará también en su fallo es la ley del arrepentido y el uso que se le dio a su aplicación en la causa de los cuadernos.
Fueron los ex funcionarios de Planificación que siguen presos los que tiraron munición gruesa sobre la ley 27304. Publicada en noviembre de 2016 en medio de las revelaciones de Leonardo Fariña en la ruta del dinero k y con un clima oficialista que esperara que Lázaro Báez rompiera el silencio, fue la causa de los cuadernos –la que nadie esperaba- la que terminó generando una avalancha con estas revelaciones.
Bruglia y Bertuzzi ya zanjaron la discusión sobre la posibilidad de compartir las confesiones en otras causas, pero todavía queda abierto el debate sobre cuál será el valor que se le podrá dar a esos dichos en otros expedientes. Lo que sí esta claro, para la Cámara Federal, es que no es Bonadio el que debe resolverlo desde la megacausa cuadernos y habilitaron a los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo a entregar a los legajos a sus colegas que se los solicite.
La expectativa de los fiscales sobre el fallo que deberá dar la Cámara Federal sí está centrada en la confirmación de los procesamientos. Stornelli y Rívolo reclamaron que se quite el delito de dádivas y sean directamente coimas, que se multipliquen los hechos para todos los implicados, que se revoque la falta de mérito de los empresarios que dijeron haber cumplido órdenes y que se agrave la situación de cuatro procesados para considerarlos no solo miembros de la banda sino también organizadores.
Allí pusieron al ex secretario de Obras Publicas José Lopez, el financista Ernesto Clarens, el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y el empresario Gerardo Ferreyra, uno de los pocos empresarios que sigue tras las rejas.
Del otro lado, las defensas de los empresarios unificaron sus voces en sostener que pagaron presionados para poder cobrar las obras por las que habían sido contratados, para salvar la continuidad de sus empresas, para poner aportar dinero a la campaña electoral o directamente por temor. En ese terreno, el reclamo es de máxima ser desprocesados y de mínima ser quitados de la asociación ilícita que se le adjudica, más allá de que se los siga investigando por los otros delitos que se les adjudica.
El anunciado fallo tiene un componente especial: si la confirmación de un eventual procesamiento de Cristina Kirchner renueva los reclamos de un pedido de desafuero, tal como lo dejó supeditado Bonadio en su fallo de mediados de septiembre. De la resolución de la Cámara también se esperan la resolución sobre algunas libertades.
Según pudo saber este medio, era tal la expectativa que se había generado sobre una inminente resolución que algunos de los presos llamaron a sus abogados el viernes pasado diciéndoles que ya habían preparado sus cosas, mientras los letrados intentaban bajar los niveles de ansiedad y, sobre todo, de expectativa, acostumbrados a las malas noticias que vienen recibiendo desde que el caso arrancó.
