La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli acordaron impulsar un proyecto de ley para atacar el financiamiento al narcotráfico.
Bullrich, Santilli y el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Sebastián García de Luca, mantuvieron ayer un encuentro que se extendió por más de una hora en el que repasaron varias alternativas para combatir la inseguridad en todo el país.
En ese sentido, Bullrich anunció que impulsará un proyecto de ley presentado por Santilli en marzo del 2022 que busca ponerle freno al financiamiento al narcotráfico. El diputado nacional, por su parte, apoyó la propuesta de la ministra de Seguridad de bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
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Patricia Bullrich y Diego SantilliEl proyecto de ley apunta a establecer “un conjunto de medidas administrativas dictadas por la autoridad competente tendiente a neutralizar la capacidad económico-financiera ilícita de personas humanas, jurídicas o entidades designadas por su vínculo significativo con actividades de tráfico ilícito de estupefacientes”, que incluyen congelamientos administrativos y prohibiciones de asistencia, entre otras restricciones.
El proyecto no apunta sólo a las grandes bandas, sino también a los “jugadores intermedios” de los barrios, ya que podrá ser sometida a una medida “toda persona humana, jurídica o entidad sobre la que haya recaído resolución judicial del Ministerio Público Fiscal de la Nación que le impute o admita la formalización de una investigación por alguno de los delitos establecidos en la Ley 23.737″.
La iniciativa propone controlarlo a través de un comité de análisis y fusión de información con el objetivo de identificar y fundamentar las designaciones y las sanciones financieras selectivas: “El comité estará conformado por los representantes de la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia y Seguridad y los organismos autónomos de la Administración Pública Nacional competentes que tengan atribuciones en el control de activos ilícitos”.
Al respecto, concluye: “La participación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación debe estar garantizada a través de la firma de un convenio de cooperación con el Poder Ejecutivo”.
Infobae
