La Sala de Notariado del Superior Tribunal de Justicia dispuso que Inspectores de Protocolo corroboren el cumplimiento de la remisión de los protocolos al Archivo General de la Provincia, como lo establece el art. 32 de la ley Nº 3.662.
En la Acordada pertinente se comisiona a los Funcionarios Judiciales a constituirse en cada Registro Notarial, tanto de la ciudad Capital como los del interior provincial, para verificar el cumplimiento de la citada disposición e indicando si detectan casos de mora.
En los considerandos esgrimidos por los Magistrados, se puntualiza que “la actividad notarial tiene una gran importancia y complejidad, y que el ejercicio de dicha función pública que el notario desempeña, se torna imperativo el cumplimiento efectivo de todas las obligaciones y cargas que la misma les arroga”.
En otro párrafo, se recordó que “los protocolos no son patrimonio de sus autorizantes, sino que pertenecen al Estado, y los notarios los conservarán con arreglo a las leyes”.
A continuación, se detalla que “realizada la actividad notarial, la misma se ve completada una vez que los documentos son entregados al Archivo General de la Provincia”.
A raíz de los reiterados requerimientos, de abogados del foro local y de autoridades competentes en la materia, para que los notarios remitan los protocolos al Archivo General de la Provincia, es que se sustanciaron actuaciones en la Sala de Notariado para que el STJ ejerza su poder de policía de superintendencia, como lo define en el inc. 11 del art. 190 la Constitución de Santiago del Estero.
