La Cámara criminal de Santiago del Estero exculpó hoy a Jorge Ciccioli, el empresario señalado como autor intelectual del asesinato del campesino Cristian Ferreyra, y condenó a 10 años de prisión a Javier Juárez, el autor material de ese homicidio cometido el 16 de noviembre de 2011 en el marco de un conflicto de tierras.
Familiares de Ferreyra que pudieron ingresar a la sala y cientos de campesinos que aguardaban el fallo afuera, a la vera de la ruta 16, repudiaron la sentencia del tribunal integrado por los jueces Elida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federicio López Alzogaray.
También deploraron el desenlace del juicio en la apartada localidad santiagueña de Monte Quemado un representante de la Secretaría de la Agricultura Familiar de la Nación, Ramiro Fresneda, y referentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC), en el que militaba Cristian Ferreyra.
Los jueces leyeron el tramo dispositivo de la sentencia en una sala a la que sólo pudieron ingresar familiares de Ferreyra y en total unas 45 personas, incluidos los periodistas, mientras aguardaban el fallo afuera unos 500 integrantes del Mocase-VC y también de otras organizaciones.
En los alegatos de la semana pasada, la fiscalía había pedido 14 años y seis meses de prisión para Javier Juárez, como autor material del homicidio de Ferreyra y de tentativa de homicidio en perjuicio del campesino César Godoy, y cinco años para el empresario sojero Ciccioli, como participe secundario de ambos delitos.
Además, solicitó dos años de prisión por los delitos de amenazas y abuso de armas para los restantes acusados de integrar la banda armada encabezada por Juárez, también absueltos por la Cámara.
La querella del hijo y la esposa de Cristian Ferreyra, y de Darío Godoy, había pedido 25 años de prisión para Javier Juárez y 16 para Ciccioli, por los mismos delitos considerados por la fiscalía, y la querella del Mocase-VC, que no pudo alegar por un formalismo legal, consideró siempre al empresario como autor intelectual del asesinato y los demás delitos considerados en el juicio que concluyó esta mañana.
No obstante, la sentencia del tribunal se pareció a la pretensión formulada en su alegato final por los abogados de los acusados, todos los cuales fueron absueltos, excepto Javier Juárez, quien recibió una pena de prisión apenas dos años mayor que la sugerida por su defensa.
«Esto es no sólo una injusticia sino un muy mal antecedente para los derechos posesorios de los campesinos», dijo a Télam el subsecretario de la Agricultura Familiar, Fresneda. «Queremos como Estado nacional que los conflictos (de tierras) se resuelvan por el diálogo y las leyes».
El funcionario añadió que «un fallo como este genera impunidad al principal responsable (Ciccioli) de la muerte de un joven compañero, de Cristian Ferreyra».
«Aquí hubo testimonios suficientes para condenar a Ciccioli pero el tribunal no lo quiso ver, y no quiere ver el rol de los empresarios en los conflictos por el territorio y en la violencia anticampesina», declaró a su vez María José Benancio, abogada del Mocase-VC.
Benancio dijo además que «el 2 de febrero próximo se conocerán los fundamentos del fallo y apelaremos esta sentencia injusta».
Si dentro de la sala de la audiencia la primera reacción al fallo fue exteriorizada tras su lectura por la madre y una hermana de Cristian Ferreyra, con llanto, insultos y gritos en demanda de justicia, la indignación se trasladó pronto afuera, cuando conocieron la sentencia los cientos de campesinos concentrados en el lugar.
«Fue un momento de angustia y dolor inmensos, dentro y fuera de la sala», relató a esta agencia Roger Almaraz, portavoz de otra vertiente del Mocase y comunicador popular, como él mismo se define.
En ese contexto, llamó a los campesinos a «no bajar los brazos» y ratificó que apelarán «esta sentencia injusta» Deo Carrizo, referente del Mocase-VC y secretaria operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).
Los campesinos marcharon luego hasta el Polideportivo de Monte Quemado, donde hablaroin en una asamblea representantes de los diversos centrales que conforman el Mocase-VC, Deo Carrizo y Angel Strapazzón, también referente de la organización santiagueña y del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
Los oradores coincidieron en denunciar a empresarios del agronegocio como generadores de la violencia anticampesina, con complicidad judicial, policial y política, tanto en Santiago del Estero como en otras provincias, además de respaldar la decisión de apelar el fallo de la Cámara que absolvió a Ciccioli.
Strapazzón llamó finalmente a «tomar nuevo impulso» en la lucha campesina e indígena con «la unidad de todas las organizaciones» del sector y a «darle más visibilidad» en todo el país.
El tribunal presidido por la jueza Elida Suárez de Bravo juzgó desde el 3 de noviembre último en Monte Quemado a los acusados de asesinar a Cristian Ferreyra de un tiro de escopeta, durante el ataque del 16 de noviembre de 2011 a la comunidad lule vilela del paraje de San Antonio, con la intención de expulsarla de su territorio.
Télam
