Desde hace un tiempo, viene gestándose en nuestro país un debate sobre la posibilidad de implementación de la modalidad de juicio por jurados y la forma más conveniente de reglamentarlo.
Con respecto a lo que sucede en nuestra Provincia, el Dr. Juan Carlos Storniolo, vocal del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal consideró que “este sistema es una deuda pendiente en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional en 1853, que expresa que la justicia debe estar regida a través de los juicios por jurado y recién se está implementando en algunas provincias como Córdoba y Buenos Aires”.
Agregó haciendo un poco de historia que “en todas las constituciones provinciales, como también en la Constitución Nacional se expresa que la justicia emana del pueblo y la administran los jueces y en esa línea de interpretación se desplazó la figura del jurado buscando una justicia profesional, dogmatica y principista”.
Consultado sobre los motivos de resistencia para aplicar esta modalidad, explicó que “se subestima la inteligencia y capacidad de la gente que no es profesional del derecho. Todos en nuestra condición de seres humanos tenemos innato un sentimiento natural de justicia por lo que no se necesitan conocimientos específicos”.
Adoptarlo y adaptarlo
Para el magistrado, Santiago del Estero “va a tener que someterse a esos designios, estamos obligados a implementarlo porque lo manda la Constitución Nacional”.
Justificó que es necesaria su aplicación “por la falta de legitimación que tiene la justica a causa de que los jueces nos creemos superiores, que decimos que sabemos mucho y la gente sigue reclamando justicia por las calles. Es una manera de descomprimir la tensión social, cuando la gente tenga que hacer reproches se los haga a sus pares”.
Para favorecer su aplicación, a su entender “debería ser una iniciativa del gobierno a través del Ministerio de Justicia. Si así no fuese, impulsarlo por el Poder Judicial porque somos los principales interesados ya que a nosotros nos apunta la sociedad. No se equivoca el legislador, ni el gobierno, sino los jueces”.
Luego, señaló que es necesario un debate para discutir su forma de implementación, “habrá que reglamentar luego de un profundo análisis y la observación de las experiencias de las provincias en donde está vigente. Se debe adaptar a nuestra realidad, a nuestra cultura y que funcione para casos importantes que lo ameritan”.
Para finalizar, enfatizó que el modelo a aplicar deberá ser afín a los tratados internacionales de derechos humanos. “No se va poder obviar una sentencia que debe ser motivada en los hechos y fundada en el derecho, como así también el derecho al recurso”.
