Un encuentro nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) este 25 de diciembre determinó realizar un paro de actividades indefinido en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503, que, entre otros aspectos, dispuso la eliminación de la subvención a los combustibles y el incremento de su precio en el mercado interno.
Los dirigentes de los trabajadores anunciaron la llegada de afiliados a la sede de Gobierno donde se concentrarán las protestas. “Se ha determinado seguir con la movilización y con el paro general indefinido y escalonado. Ha sido la posición firme de las bases”, anunció el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, al finalizar el encuentro.
El dirigente consideró que las otras medidas que incluye el decreto, como un mecanismo de aprobación expedita y en tiempo récord de contratos sobre recursos naturales, abren las puertas para que las empresas transnacionales tomen control de la riqueza natural. “El decreto es altamente perjudicial para los trabajadores, la economía nacional y la Madre Tierra, ya que implica la enajenación de nuestros recursos naturales”, afirmó Argollo, citado por el portal de noticias Visión 360.
En paralelo a la reunión de la COB, un encuentro de trabajadores mineros realizado acordó continuar con las protestas en La Paz e iniciar movilizaciones en otras regiones en reclamo contra el decreto.
La Paz, Bolivia. 23 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales
El Gobierno minimizó los anuncios de masificación de protestas y aseguró que no constituye un “conflicto nacional”. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, manifestó que las protestas de los obreros son aisladas y que otros sectores han apostado por el diálogo y la negociación.
“Esto ya no es un conflicto nacional, son algunos conflictos reducidos, aislados, que todavía persisten en el país. Hemos intentado acercamientos con la COB y ni siquiera están queriendo conversar. Creo que no es el ejemplo que se ha seguido acá en Santa Cruz y en otros sectores que han accedido al diálogo”, dijo el viceministro en entrevista con el canal Unitel.
Justiniano destacó otras medidas del decreto, como el incremento del 20% en el salario mínimo nacional, condonación de impuestos hasta 2025, el diferimiento de créditos y otras. “El decreto llegó para quedarse”, afirmó Justiniano, descartando su anulación.
Este escenario de tensión surge tras la eliminación de la subvención a los carburantes que durante más de 20 años habían sido vendidos en el mercado local a un precio fijo significativamente más bajo que el internacional.
Esta política de subsidio suponía uno de los mayores gastos públicos: cada semana se destinan cerca de 60 millones de dólares para la importación de diésel y gasolina debido a la baja producción local. Adicionalmente se crearon redes de contrabando que vendían combustible en las fronteras generando una pérdida anual estimada en 600 millones de dólares, según datos oficiales.
Con la crisis económica y la caída en la renta petrolera, la subvención se tornó cada vez más difícil de sostener. El 17 de diciembre, el presidente Rodrigo Paz y sus ministros anunciaron el Decreto Supremo 5503 que levanta el subsidio a los carburantes, lo que para los ciudadanos se traduce en la duplicación del precio de la gasolina y la triplicación del diésel.
En la primera semana en vigencia del decreto, Paz ha logrado el respaldo de algunos sectores y neutralizar las protestas, con dos días feriados de por medio, pero queda pendiente lograr consensos mayores con las organizaciones que consideran que la norma requiere ajustes o debe ser abrogada.
Fuente Infobae
