Por «problemas de agenda» y «debido al número elevado de audiencias solicitadas» la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, rechazó el pedido de un grupo de dirigentes jujeños para escuchar las denuncias de corrupción, privación ilegítima de la libertad y amenazas perpetuadas por la líder de la agrupación Tupac Amaru Milagro Sala que se encuentra bajo arresto domiciliario.
De esta forma, es la segunda vez que la CIDH rechaza un pedido de audienciapara trasladar las denuncias elevadas contra Sala desde la ONG Ciudadanos Libres en Jujuy.
Entre las denuncias presentadas por violación a los derechos humanos se detalló que la dirigente de la Tupac Amaru y sus discípulos ejercieron amenazas, maltratos, la privación ilegítima de la libertad y cometieron graves actos de corrupción cuando estaban en la cúspide del poder durante el gobierno de Cristina Kirchner.
José Magioncada, uno de los abogados de la ONG Ciudadanos Libres, que recibió las denuncias contra Sala, explicó a Infobae que el viernes pasado tuvo una respuesta de la CIDH al pedido de audiencia donde el organismo dependiente de la OEA rechazó el reclamo para escuchar las denuncias por «el gran número de audiencias solicitadas» para la Asamblea General que se desarrollará en Montevideo a fines de octubre.
«Esperábamos que la CIDH nos atienda para que escuchen las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en las que incurrió Sala y sus adeptos en Jujuy durante muchos años al frente de la Tupac Amaru. Pero vemos que ese organismo está muy influenciado por el CELS u otros organismos de marcada tendencia política», dijo Magioncada. Este abogado de Ciudadanos Libres ya había reclamado a la CIDH en julio pasado que ese organismo escuchara las denuncias de los ciudadanos de Jujuy que denunciaron a Milagro Sala. Entre los denunciantes están Carmen Fernández, Celia Ivana Velázquez, Víctor Mendoza, María del Carmen González y Elsa Mendoza. Sus testimonios han sido escuchados en la Cámara de Diputados durante 2016. En julio pasado, esta ONG envió al secretario Ejecutivo de la CIDH, el brasilero Pablo Abrao un pedido de audiencia similar y también fue rechazado.
Para Magioncada «no resulta creíble que la CIDH no tenga tiempo para escuchar las denuncias contra Sala ya que no se trata de un caso cualquiera». De hecho, la CIDH pidió al Estado argentino que la líder de la Tupac Amaru sea trasladada de la cárcel Alto Comedero a su domicilio, como finalmente definió la justicia jujeña. Pero los denunciantes de Milagro Sala intuyen que la CIDH está influenciada por el CELS que tiene una clara impronta kirchnerista. De hecho, en una reunión reservada que el ministro de Justicia Germán Garavano mantuvo la semana pasada en Buenos Aires con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Roberto Caldas, el brasilero admitió que «existe cierta injerencia de grupos de derechos humanos de izquierda en el seno de la CIDH», según reveló a Infobae una fuente del Gobierno consultada tras el encuentro.
En el amplio escrito con denuncias contra Sala que presentó la ONG Ciudadanos Libres se alertó sobre la presencia en su momento de un «grupo para-estatal» en Jujuy liderado por Sala que obró en complicidad con el gobierno de Cristina Kirchner. En ese sentido, el escrito al que tuvo acceso Infobae señala denuncias contra Sala en la que hubo una «intimidación permanente» a organizaciones sociales y sindicales jujeñas que incluyeron «acciones violentas orientadas a infundir el miedo y doblegar toda resistencia al poder». Las denuncias que se presentaron contra Sala pero que la CIDH se niega a escuchar figura «la ocupación de terrenos, el desalojo de casas y la afectación a la libertad física» de «un número aun indeterminado de habitantes de Jujuy». Los denunciantes señalaron que la líder de la Tupac Amaru se autodenominaba «gobernadora» de Jujuy en momentos en que el kirchnerismo controlaba el poder nacional.
Por otra parte, el extenso informe con las denuncias contra Sala sostiene que la líder de la Tupac Amaru se movía con «una patota de unas 15 personas que sometían a golpizas, torturas y amenazas contra» los opositores a la agrupación kirchnerista.
La intención de la ONG Ciudadanos Libres era presentar ante la CIDH estos casos en la Asamblea General que se hará en Montevideo para «visibilizar las denuncias y presentar el enfoque de defensa de derechos humanos», y «abrigar una esperanza de justicia». Pero nada de esto será posible porque la CIDH no lo permitirá por «problemas de agenda».
